El incumplimiento de promesas electorales
Tribuna de opinión
El autor defiende la regulación, a modo de contrato electoral ante la ciudadanía, de las iniciativas anunciadas en campaña
El PSOE y el PP, a la gresca por el retraso de la Ciudad de la Justicia de Algeciras
A nadie le extraña que las promesas de los políticos, y sobre todo en época electoral, puedan llegar a incumplirse. Recuerdo hace años, en mis inicios en la carrera judicial, en una toma de declaración a un político y en relación con un incumplimiento, que me dijo: “Bueno, pero eso se prometió en campaña”. Hizo ver que cuanto se anuncia en esas fechas y luego no se cumple es normal y así debe aceptarse. Algo incomprensible. Decía Tierno Galván que “las promesas electorales están para no ser cumplidas”.
Viene a colación este comentario a raíz de la reclamación en el Parlamento de Andalucía, el pasado martes y publicado por este medio, en el que la representante del PSOE Rocío Arrabal pedía al Consejero de Justicia, José Antonio Nieto, explicaciones en torno al retraso en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras. Un proyecto que fue anunciado a bombo y platillo, con presencia de los representantes municipales y maqueta incluida, meses antes de las elecciones municipales de 2023. Estamos en 2025 y sin noticias.
No existe duda de la intención de la Junta de presentar ese proyecto como un tema electoral, sin intención de llevar a cabo una construcción tan necesaria para el colectivo judicial y de la abogacía. Actualmente, el parque de edificios judiciales (formado por la Sección de Audiencia y Juzgados de lo Penal) se halla deteriorado, disperso y sin que se llegue a invertir un euro para su adecuación.
La situación se refleja en la entrevista publicada en la revista jurídica Confilegal el 8 de enero de 2024. En ella, el consejero Nieto cita ciudades en las que en los próximos años se construirán nuevos palacios de justicia, citando expresamente los de “Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva, Granada, así como en Marbella, Jerez, Roquetas, Torremolinos, Estepona, Villacarrillo, Órgiva y Huércal-Overa”. Queda claro que se obvia a Algeciras, que parece que solo entró en sus planes para las elecciones y para ayudar a conseguir votos para el PP local.
Más importante fue la promesa de una Unidad de Ictus en Algeciras, en abril de 2019 -un mes antes de las municipales de aquel año-. Anunciada por la Junta, y aireada como logro importante por el representante municipal, se destacaba de ella que el ictus es "la primera causa de muerte en la mujer y la tercera en el varón tras la cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón”. Nunca más se supo y parece molestar que se recuerde.
Las promesas no solo las hace valer el PP. En 2007, siendo consejera de Justicia la socialista María José López, la Junta anunció la construcción de un palacio de justicia en Algeciras. Se llegó a colocar un cartel que fijaba el final del proyecto para 2009 y que fue retirado sin que llegara a haber obras. Y en ningún caso se han dado explicaciones convincentes sobre esas farsas electorales.
Pero, ¿quién resarce al ciudadano que pudo llegar a creer a pies juntillas lo que el político le prometió y al que pudo condicionar su vida? En poco menos de dos años se celebrarán nuevos comicios para la elección de regidor municipal y ediles. Arribarán líderes de partidos políticos cargados de promesas, sin intención alguna de cumplirlas, pero la pomposidad de su presentación hará creer su veracidad a los electores.
Y no le da rubor a ninguno de los políticos incumplidores hacer promesas falsas, sin que los candidatos beneficiados exijan a sus partidos que las lleven a cabo. Creo que se encuentran obligados a callar, en perjuicio de quienes les votaron, para mantenerse en las listas.
En algún momento deberían regularse, a modo de contrato electoral ante la ciudadanía, las promesas que tan alegremente unos y otros realizan y de las que, una vez incumplidas, nadie asume responsabilidad ni existe una vía jurídica que permita su cumplimiento.
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