Guardias civiles atribuyen la muerte de dos agentes en Barbate a la falta de medios y exigen declarar el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a alzar la voz con firmeza. Lo hace tras la detención del cuarto y último implicado en el asesinato de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Díaz, arrollados por una narcolancha durante una operación antidroga el pasado 9 de febrero en la bocana del puerto de Barbate. “Hoy reiteramos lo que ya dijimos entonces: esto no puede volver a repetirse”, advierte la asociación en un duro comunicado en el que exige responsabilidades institucionales y medidas urgentes para evitar que una tragedia así se repita.

AUGC valora positivamente el arresto de Abdennour El Hichou, un ciudadano marroquí detenido este domingo en la provincia de Cádiz tras varios meses en paradero desconocido. Con este arresto, todos los presuntos responsables del brutal ataque ya se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido, sobre el que pesaba una orden internacional de arresto, se suma a los tres investigados anteriores —incluido el piloto de la narcolancha—, imputados por dos presuntos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, contrabando y pertenencia a organización criminal.

Pero más allá del avance judicial, la asociación subraya que este crimen “atroz” fue el resultado directo de una larga cadena de decisiones erróneas, carencias estructurales y falta de respaldo institucional. “Nuestros compañeros salieron a patrullar en condiciones inadecuadas frente a organizaciones criminales que actúan con total impunidad y con medios muy superiores”, denuncia AUGC, que se ha personado como acusación particular en el caso.

La asociación no se conforma con la vía penal contra los autores materiales del crimen y ha presentado recursos para reabrir la investigacióncontra los mandos responsables del operativo, tras el archivo de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz. “Consideramos que no se ha investigado adecuadamente y que existen pruebas que indican que las órdenes de intervención se dieron a pesar de la falta de capacidad y recursos suficientes, exponiendo a los agentes a riesgos mortales”, advierte.

Por ello, AUGC reclama medidas concretas y urgentes: que el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho sean declarados zona de especial singularidad —lo que permitiría destinar más medios, incentivos y refuerzos a una de las zonas más peligrosas para los agentes— y que se restituyan unidades especializadas como el Ocon-Sur, desmantelado en 2023 pese a haber liderado operaciones clave contra el narcotráfico.

Además, la asociación ha cargado contra la delegación del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, a la que acusa de haber intentado impedir que los eurodiputados que visitarán el Campo de Gibraltar a finales de mayo se reúnan con las viudas y familiares de los dos agentes asesinados. “Nos parece indignante este intento de veto a una reunión clave para que la misión conozca el impacto humano del narcotráfico en el Estrecho”, afirma AUGC, que considera que se quiere silenciar el dolor de las familias para evitar una imagen incómoda ante la opinión pública europea.

Los agentes fallecidos en el trágico suceso eran David Pérez Carracedo, de 43 años, miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR) destinado en Navarra, y Miguel Ángel González Díaz, buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), de 39 años, natural de San Fernando y residente en Los Barrios. La embarcación en la que patrullaban fue brutalmente embestida por una lancha semirrígida que operaba en tareas de narcotráfico, un acto que dejó además a otros cuatro agentes heridos.

AUGC reitera que su lucha es por justicia, pero también por prevención. “No pedimos homenajes. Pedimos condiciones dignas para que nadie más tenga que morir en un operativo sin medios, contra criminales que navegan con total impunidad”, concluye el comunicado.