Los escuelas infantiles de Algeciras se suman al SOS en todo Andalucía: “Nos asfixiamos, muchos centros están cerrando”

En el Campo de Gibraltar hay 34 escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, públicas y privadas, que atienden a unos 2.000 menores. Muchas de ellas se han sumado ya a una plataforma creada por 1.400 guarderías de toda Andalucía para reclamar a la Junta medidas urgentes que permitan garantizar la viabilidad de un sector que se considera al borde de la quiebra. Las directoras denuncian un incremento de costes que consideran inasumible mientras el precio por plaza permanece congelado desde hace seis años en torno a los 240,53 euros mensuales, con el comedor en 92 euros.

Algunas de las escuelas de Algeciras se han unido este lunes para lanzar una llamada de auxilio. Rosa Álvarez, de El Patio de Mi Casa, explica que los centros atraviesan una situación límite. “Los costes laborales han subido alrededor de un 60% y la inflación más de un 20%. Nos asfixiamos; sabemos de muchos centros que están cerrando”, señaló. Según indicó, el módulo económico por alumno no se actualiza desde su aprobación en 2019, aplicada en 2020.

Las responsables subrayan que al unirse por primera vez buscan “dar voz” a los centros y visibilizar la realidad que atraviesan. La brecha entre el aumento de los costes y el precio de la plaza provoca que, incluso con las aulas llenas, muchos centros operen con pérdidas, en un contexto de caída de la natalidad y aumento de plazas desocupadas que agrava el desequilibrio entre unos ingresos variables y gastos fijos de personal que vienen dados por la normativa de Educación.

Miriam, del centro infantil Mauxi, recuerda que la situación afecta a toda Andalucía. “En 18 años apenas ha habido una subida, mientras cada año aumentan la luz, el agua, los impuestos y las nóminas. No hablamos de beneficios, hablamos de estabilidad para los niños, los trabajadores y los propios centros”, afirmó.

Sara, del Cocó Montessori, reclama mayor reconocimiento institucional: “La etapa de 0 a 3 años es la base de cualquier educación. Contribuye al desarrollo integral, social y emocional de los niños, y no nos sentimos valoradas ni respaldadas como corresponde”.

En la misma línea, Yolanda, de Los Guardianes, destaca el papel clave de esta etapa para la conciliación familiar y la atención temprana: “Trabajamos con niños muy pequeños, con muchas necesidades, y hacemos mucho más que la parte didáctica. Detectamos problemas de salud o situaciones familiares y acompañamos a las familias”.

Por su parte, Miriam, de La Yedra, insiste en que el sector reclama apoyo institucional y una actualización del modelo de financiación. “Pedimos que se nos tenga en cuenta como etapa educativa, no solo como recurso de conciliación, y que se revise el precio-plaza para poder seguir adelante”, afirma.

La plataforma subraya que la gratuidad del tramo 2‑3 años, anunciada como gran medida de apoyo, no ha incrementado la escolarización en el primer ciclo: hoy hay casi un millar menos de alumnos de 2‑3 años que hace dos cursos, y el conjunto de matriculados de 0‑3 se mantiene estancado. “Se ha priorizado el titular de la gratuidad sin abordar el problema de fondo, que es la infrafinanciación estructural del precio plaza”, señalan.

Necesidades especiales

Las responsables advierten además de las dificultades para atender adecuadamente a menores con necesidades educativas especiales debido a la falta de recursos. Explican que el aumento de ratios y la imposibilidad económica de contratar más personal limitan la atención individualizada que estos alumnos requieren. “Nos encantaría contar con más profesionales, pero los costes lo impiden. Damos lo mejor que podemos, pero llega un punto en el que no podemos hacer más”, señalaron.

Un movimiento creciente

El llamamiento, insistieron, no se dirige a las familias, sino a la Administración autonómica para que escuche al sector y adopte medidas que garanticen la continuidad de una etapa educativa que consideran esencial. “Vamos paso a paso, pero si es necesario seguiremos movilizándonos por el bienestar de los centros, de los trabajadores y de las familias que confían en nosotros”, añaden.

Las escuelas también advierten del impacto del Decreto 76/2025, que obliga a reforzar plantillas y disponer de una dirección por centro, incluso en redes pequeñas, elevando de forma significativa los costes fijos sin una revisión proporcional de los precios públicos. En muchos municipios, especialmente rurales, ya se están produciendo cierres de centros y concursos desiertos para adjudicar escuelas infantiles porque ninguna entidad puede asumir la gestión en las condiciones actuales.

Reivindicaciones

La plataforma plantea tres grandes reivindicaciones: una actualización inmediata y justa del precio por plaza que cubra el incremento real de costes desde 2019; la implantación de una revisión anual automática indexada al IPC y a la evolución de los costes laborales; y la adecuación del marco normativo para recuperar cierta flexibilidad organizativa, como la posibilidad de aulas compartidas por edades próximas, ya vigente en otras comunidades autónomas y compatible con la calidad educativa. Asimismo, propone estudiar medidas adicionales de apoyo a centros en riesgo y salvaguardas para mantener la red en zonas rurales y de difícil cobertura.

“Queremos ser parte de la solución, no del problema; lo que pedimos es simplemente que la financiación pública se aproxime al coste real de un servicio que es clave para la conciliación, el empleo femenino y la igualdad de oportunidades en Andalucía”, concluyen.