La Flavi sitúa a Tarifa como una de las localidades más afectadas por el alquiler de temporada
Los colectivos de inquilinos preparan movilizaciones en Cádiz y cifran en 4.000 a los afectados por los "desahucios invisibles"
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La Federación Linense de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) ha denunciado junto al Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Cádiz y a la asociación El Puerto Para Vivir que con la llegada del verano se producirán más de 4.000 "desahucios invisibles" en la provincia de Cádiz. Con este término, las asociaciones hacen alusión a los alquileres de temporada, que finalizan al inicio del período estival.
Los asociaciones denunciante consideran que "las inquilinas e inquilinos de la vivienda se ven obligados a marcharse a pesar de su voluntad de seguir residiendo en su hogar". "En ciudades como Cádiz más del 70% de los alquileres ofrecidos en las plataformas digitales adoptan el carácter de alquiler de temporada. Porcentaje que aumenta en ciudades costeras de tamaño medio como Tarifa o Chiclana", han detallado.
Los colectivos de vivienda de la provincia argumentan que esto se produce por un "agujero" que la propia ley de vivienda estatal dejó abierto en su redacción, y por la propia rentabilidad que alcanzan este tipo de arrendamientos, tanto por sus precios más elevados, como por el uso turístico de dichas viviendas durante los meses de julio y agosto. Unos beneficios que generan los incentivos suficientes para que los caseros y rentistas prefieran recurrir a esta modalidad de alquiler frente al residencial de larga duración.
"Este tipo de arrendamientos no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos y dejan absolutamente desprotegidas a las inquilinas e inquilinos, sin prácticamente ningún derecho reconocido", han señalado en un comunicado conjunto, en el que especifícan que el pasado mes de septiembre de 2024 los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos presentaron una proposición de ley para regular los alquileres de temporada, la cual fue tumbada en el Congreso de los Diputados.
"Se trata de un fraude de ley masivo, puesto que en la mayoría de ocasiones quienes residen en este tipo de alquileres son familias y personas trabajadoras que necesitan de una vivienda para residir con estabilidad todo el año", argumentan.
Los colectivos consideran que la situación se agrava por la saturación de turismo ya que "permite aumentar el alojamiento de turistas de manera considerable y por encima de lo que la mayoría de municipios pueden soportar. De hecho, de esta manera se impide que miles de personas puedan vivir en los municipios donde trabajan durante el verano".
"La mercantilización de la vivienda y la turistificación de los pueblos y ciudades de Cádiz no solo nos expulsa de nuestras casas en verano, sino que nos condena a los empleos precarios del sector turístico que, además, no nos permiten pagar un techo por sus bajos salarios, argumentan los distintos colectivos", lamentan.
Por estos motivos, las organizaciones han anunciado el inicio de una campaña en redes sociales para concienciar sobre esta realidad que consideran invisibilizada y acciones simbólicas en el Ayuntamiento de Cádiz el lunes 30 de junio y el 19 de julio en El Puerto de Santa María.
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