España incluye en la negociación del tratado sobre Gibraltar impuestos al Peñón para "proteger" a la comarca

Algeciras/El Gobierno de España incluirá garantías fiscales para evitar distorsiones económicas en el Campo de Gibraltar y asegurar una competencia justa si finalmente se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit. Así lo aseguró el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos, en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso tras ser cuestionado por el Partido Popular si en las negociaciones para el tratado se contempla una equiparación fiscal entre Gibraltar y la comarca.

El secretario de Estado confirmó que el acuerdo negociado con Bruselas contempla la aplicación en el Peñón de impuestos indirectos y especiales equivalentes a los del entorno europeo, especialmente sobre productos sensibles como el tabaco, el alcohol y el combustible, con la idea de "evitar las prácticas indeseadas como el contrabando". "Esto es lo que ya señalaba el Acuerdo de Nochevieja, que, como saben, constituye la base de esta negociación y, sin duda, un elemento esencial para evitar estas distorsiones es la cuestión impositiva", indicó.

En materia de impuestos indirectos especiales, Sampedro explicó que la negociación prevé su aplicación a los bienes que sean importados o fabricados en la colonia. "Por prudencia y por no entorpecer la negociación", el representante del Ministerio de Exteriores evitó ofrecer detalles, pero detalló que se busca una armonización con la Directiva europea que regula el sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA): "Esperamos alcanzar el menor diferencial posible entre los tipos impositivos. Tenemos el claro objetivo de que no se vea perjudicado nuestro mercado interior, y muy especialmente el comercio en el Campo de Gibraltar, de manera que no se produzcan tráficos ilícitos", destacó.

"En un plano más general, en el ámbito fiscal es fundamental asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia, intercambio de información y tributación justa. Además, resulta imprescindible combatir las prácticas fiscales perjudiciales, en línea con el Plan de Acción de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios", señaló Sampedro.

El secretario de Estado destacó la vigencia del acuerdo bilateral de 2019 entre España y el Reino Unido en materia fiscal, que obliga a Gibraltar a mantener normativas equivalentes a las europeas en transparencia y lucha contra prácticas fiscales nocivas. "En este contexto, la cooperación dentro del marco de la OCDE será clave en la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido en lo que respecta a Gibraltar. Cabe destacar que Gibraltar está obligado a cumplir el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 2011, que regula el intercambio de información en relación con los impuestos sobre la renta, sociedades, patrimonio y contribuciones a la Seguridad Social", apuntó el representante del Ministerio de Exteriores.

Sampedro subrayó el compromiso del Gobierno de España y de la Comisión Europea con el establecimiento de una “zona de prosperidad compartida” que mejore la calidad de vida de los casi 300.000 habitantes de la comarca. “La desaparición de barreras físicas a la circulación de personas y bienes es clave para lograr ese objetivo, pero solo si se evita la competencia desleal”, remarcó.

Sampedro insistió en que “los objetivos son claros: proteger el mercado interior, evitar distorsiones y garantizar una competencia justa”. También señaló que el diálogo con la Junta de Andalucía y los alcaldes del Campo de Gibraltar ha sido constante, y que todas las partes involucradas coinciden en que el acuerdo está cada vez más cerca.

"Nuestro objetivo es lograr un pacto que genere confianza, ofrezca tranquilidad, y proporcione seguridad jurídica y estabilidad a la vida cotidiana de los ciudadanos de toda la región. Buscamos, en definitiva, mejorar el comercio, la economía, la movilidad, la protección del medio ambiente y el bienestar social, todo ello sin renunciar a las posiciones jurídicas de cada una de las partes involucradas", sentenció Sampedro.