¿Error judicial o policial?

La prensa nacional y local se han hecho eco de la puesta en libertad de Firass Tagui, conocido narcotraficante, y reclamado por las autoridades holandesas; buscado en dicho país, donde se le imputa la introducción de centenares de kilos de cocaína y lavado de dinero. Sobre el mismo pesaba una orden internacional de localización y detención.

Detenido en Tarifa cuando trataba de introducirse en Marruecos, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente para decidir en materia de extradiciones.

Acordada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional su extradición, se acordó participarlo a la Oficina de Sirene -Unidad especializada de la Policía Nacional, y que colabora con las policías de países de la Unión Europea-, a fin de que procediera a su entrega a Países Bajos, en el plazo de 10 días, fijado por la Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Transcurrido en exceso ese plazo, y al no haber sido extraditado, el abogado de Taghi recurrió ante la Sala de la Audiencia Nacional, quien al comprobar no haberse materializado esa entrega en el plazo fijado en la Ley, acordó su puesta en libertad al no tener causa pendiente en nuestro país, mediante resolución de 12 de septiembre actual.

Ante todo, es claro que ha existido un fallo en el sistema de entrega de personas reclamadas.

¿Pero quién es el responsable de esa puesta en libertad de una persona altamente peligrosa y que seguirá previsiblemente, cometiendo el mismo hecho delictivo en un país -Holanda-, donde al parecer, se tiene amenazada hasta la misma familia real?

El Juzgado Central de Instrucción cursó, según se dice, la orden de puesta a disposición de Sirene para su entrega al país que le reclamaba. La Policía, por su parte, indica que esa orden no llegó a recibirse en ningún momento.

Lo conveniente en este caso -dada la enorme trascendencia del mismo, el escándalo que supone esta puesta en libertad, quizás por descoordinación entre los obligados a cumplir con sus respectivas obligaciones-, es que el Consejo del Poder Judicial, juntamente con la Policía Nacional, lleven a cabo una investigación. No será difícil en modo alguno comprobar si la orden salió del Juzgado hacia Sirene y la fecha de emisión. Y de ser así, por qué no se cumplió la orden dentro del plazo marcado. Estas circunstancias deben esclarecerse.

De todos modos, calificar de “error judicial”, como se hace en algunos medios, es apresurado. Y de tenerse constancia cierta de cuál ha sido el motivo que ha llevado a quedar en la calle a la persona ya aludida es de exigirle responsabilidad, ya sea en el ámbito administrativo -por negligencia en el cumplimiento de su obligación-, o bien en el ámbito penal, si llega a deducirse que pudo haber más que un simple descuido.

La ciudadanía debe conocer la realidad de lo sucedido, y la sanción, en su caso, a quienes resultaren responsables, fuere quien fuere. Ello contribuirá a una mayor confianza en las instituciones. No se pueden callar hechos del significado como este.