Casi un centenar de inmuebles de la costa tendrá una amnistía de 75 años

La nueva Ley de Costas aprobada la pasada semana por el Gobierno concede una prórroga de hasta 75 años a 97 inmuebles que se encuentran en el litoral del Campo de Gibraltar y que corrían el riesgo de ser demolidos en 2018, al encontrarse en zona de servidumbre o de dominio publico-marítimo terrestre. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, acompañado del responsable de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, desgranó ayer en Algeciras las novedades de dicha ley.

Así, en esta situación se encuentran 50 viviendas, 48 en Algeciras y 2 en La Línea. Tres camping: uno en La Línea, otro en Tarifa y uno más en San Roque. En cuanto a actividades industriales, se incluye uno en Tarifa y otro en Los Barrios. Se trata de explotaciones como EDAR o molinos, explicó el subdelegado del Gobierno.

Respecto a los chiringuitos de playas, son un total de 34 en el Campo de Gibraltar: 14 en Tarifa, 2 en Algeciras, 1 en Los Barrios, 8 en San Roque y 9 en La Línea. En todos ellos, se da una garantía legal de 75 años más.

Finalmente, respecto a los hoteles, son 8 algunos instalados en dominio público-terrestre y otros en zona de servidumbre. De ellos, 4 están en Tarifa, dos en San Roque, 1 en Algeciras y otro en La Línea. Javier de Torre indicó que se trata de una gran noticia para la provincia de Cádiz, en la que se garantizan 1.950 empleos relacionados con instalaciones de playas.

El subdelegado del Gobierno en la provincia añadió que la ley está basada en tres grandes objetivos: la protección del medio ambiente, la protección de los derechos de los antiguos propietarios y otros bienes -se trata de construcciones anteriores a la ley de 1888- y protección jurídica. "La normativa impide nuevas edificaciones. No se va a ladrillar la costa y todas las construcciones que eran ilegales seguirán siendo ilegales", añadió el subdelegado, quien explicó que no se podrán ampliar ni en volumen, ni en altura ni en superficie las construcciones actuales.

Además, añadió que las delegaciones del Gobierno en las distintas provincias podrán suspender cualquier obra ilegal que se esté edificando en zona de servidumbre o de dominio marítimo terrestre, lo que supone una novedad en esta ley puesto que antes no se hacía.

Por otra parte, indicó que la normativa diferencia entre playas urbanas y playas naturales. En éstas últimas contarán con mayor protección y De Torre adelantó que un próximo Real Decreto lo explicará mejor.

En cuanto a las urbanas, apuntó que se podrán realizar diferentes actividades realizando una evaluación ambiental que deberán presentar los ayuntamientos para contar con los permisos. De Torre puso como ejemplo, las carreras de caballo de Sanlúcar o las barbacoas del Carranza, que hasta ahora se realizaban sin estar reguladas. "Estaban al capricho de quien lo autorizase, ahora hay una regularización medioambiental que antes no existía y que no se regulaba", reiteró.