El castigo del Gobierno a los jueces y fiscales de Algeciras

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ignora desde hace dos años el acuerdo por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó que los jueces y magistrados del partido judicial de Algeciras pasasen al grupo 3 de población a efectos del complemento de destino, lo que les igualaría en nivel retributivo, entre otros, con sus colegas de Cádiz y Jerez. Ese paso, que elevaría en unos 300 euros brutos mensuales los salarios del colectivo, beneficiaría también por asimilación a los fiscales destinados en Algeciras y a los funcionarios de Justicia con complementos de destino.

La decisión del CGPJ fue adoptada por su Comisión Permanente el 23 de noviembre de 2023, a propuesta de la Junta General de jueces de Algeciras, reunida el 11 de mayo de ese mismo año. Para llevar a cabo la subida de categoría, el Gobierno de España, a través del citado ministerio y con el acuerdo del de Hacienda y Función Pública, debería aprobar el decreto para que la medida surtiera efecto, poniendo así fin a un agravio comparativo prolongado a lo largo de los años... aunque el tiempo transcurre sin que se haga justicia con la judicatura ni con los fiscales de Algeciras.

El órgano de representación de los jueces y magistrados de Algeciras aprobó un informe, elaborado por su entonces decano, Jerónimo García San Martín, en el que se detallaba que la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, establece el complemento de destino correspondiente a cada plaza de juez o magistrado en atención a tres criterios: el grupo de población en el que se integra, las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo desempeñado y otras circunstancias especiales asociadas al destino.

Los juzgados de La Línea de la Concepción y San Roque, igualmente afectados por un exceso de causas, muchas de ellas de una complejidad especial, también deberían subir de nivel, del 5 al 4

Dado que el criterio general seguido es que sea el número de habitantes el que determine la adscripción de un partido judicial a un grupo u otro, los jueces de Algeciras recurrieron al censo de población recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2022 para subrayar que los 122.368 habitantes con que contaba la ciudad en ese momento (124.978, en 2024) superaban a los de cinco localidades incluidas en el Grupo 3: Cádiz (113.066 habitantes), Cáceres (95.456 habitantes), Pontevedra (82.828 habitantes), Santiago de Compostela (98.179 habitantes) y León (120.951 habitantes). En 2006, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) y León ya habían pasado del grupo 4 al 3 al haber elevado su número de habitantes.

Carga de trabajo al 200%

Pese a que hay juzgados de Algeciras que soportan una carga de trabajo del 200% respecto a los módulos establecidos por el CGPJ y que instruyen en muchas ocasiones causas de suma complejidad -como las vinculadas al narcotráfico- no parece que fueran ninguna de estas dos causas las que llevaron al órgano de gobierno de los jueces a acordar su decisión. De haber tenido en cuenta ambas, el CGPJ seguramente debió tomar en consideración mucho antes la subida de nivel de los juzgados Algeciras y también de los de La Línea de la Concepción y San Roque (del grupo 5 al 4), igualmente afectados por un exceso de causas, muchas de ellas de una complejidad especial.

Tanto García San Martín como su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz (en la actualidad, magistrado en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras), llevaban años demandando una mejora de las condiciones retributivas de sus compañeros por los motivos expuestos, pero también como un factor que puede reducir la alta rotación de jueces y fiscales, muchos de los cuales, pasados unos años de ejercicio en el Campo de Gibraltar, solicitan su traslado a destinos con menos litigiosidad y mejor pagados.

Un recordatorio de la Asociación Francisco de Vitoria

El pasado 6 de octubre, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), remitió al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una carta en la que recordaba la decisión adoptada por la Permanente del CGPJ en 2023 debido a "la superior población del partido judicial de Algeciras respecto de otras localidades ya integradas en el Grupo 3, así como en la sobrecarga de trabajo (superior al 200 % de los módulos establecidos) y la especial complejidad de los asuntos que se tramitan en sus órganos judiciales, particularmente en materia de criminalidad organizada y narcotráfico".

"No obstante, a día de hoy, no consta la materialización efectiva de dicho traslado, por lo que se desconoce el estado administrativo y la previsión de cumplimiento del acuerdo", indica en su escrito la asociación de jueces y magistrados, al que ha tenido acceso Europa Sur. En este se subraya "la necesidad de revisar y actualizar el Anexo II.1 de la Ley 15/2003", que regula la categorización de los grupos de población "con base en criterios objetivos y actualizados conforme a los datos del padrón municipal anual publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)".

La AJFV solicitaba a Bolaños que informase expresamente sobre el estado de la tramitación del acuerdo del CGPJ del 23 de noviembre de 2023, sobre las actuaciones realizadas y las pendientes de ejecución, así como sobre la previsión temporal existente "para su efectividad". El titular de Justicia aún no ha respondido.

Medidas provisionales

La asociación judicial propuso en su carta tres medidas provisionales:

• Incorporar al Grupo 2 todas las ciudades que tengan más población que la de menor población de dicho grupo, que en 2021 era Santa Cruz de Tenerife (208.563 habitantes).
• Incorporar al Grupo 3 todas las ciudades que superen la población de la ciudad de menor población actualmente incluida en ese grupo, que es Pontevedra (83.114 habitantes).
• Actualizar anualmente los grupos conforme a los datos oficiales del padrón municipal.

"Estas actuaciones permitirían dar cumplimiento efectivo al acuerdo relativo a Algeciras, corregir desigualdades retributivas y garantizar un tratamiento equitativo y objetivo a todos los miembros de la Carrera Judicial", concluía la carta de la AJFV.