El acuerdo sobre Gibraltar despierta dudas legales sobre su ratificación en la Unión Europea

¿Quién tiene que ratificar el futuro tratado de Gibraltar? ¿Deberá obtener el visto bueno de los parlamentos de los 27 países que forman la Unión Europea? ¿Qué ocurrirá si, en ese caso, algún partido de cualquier Estado bloquea la aprobación? Estas preguntas las lanzó el alcalde de La Línea, Juan Franco, durante el desayuno-coloquio Brexit: repercusiones socioeconómicas y fiscales en La Línea y el Campo de Gibraltar, organizado por Europa Sur con el patrocinio de la Diputación de Cádiz en el teatro Paseo de La Velada linense. A todas ellas, puede sumarse otra: ¿Está dilatando, por compleja, la elaboración del documento final esta posibilidad de bloqueo? Y una más: ¿Por qué el ministerio de Asuntos Exteriores español no sometió el acuerdo a su Asesoría Jurídica Internacional, su principal órgano asesor en materia de Derecho Internacional.

Al respecto, el director general del Campus Bahía de Algeciras, Jesús Verdú, advirtió de que el proceso negociador entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro tratado relativo a Gibraltar podría estar construido sobre “un enfoque jurídico incorrecto”, con riesgos de consecuencias “graves y desestabilizadoras” para su validez futura.

Verdú explicó que la cuestión que planteó Juan Franco tiene “una respuesta complicada” por la propia naturaleza de las conversaciones, que se están desarrollando en un plano estrictamente bilateral entre Bruselas y Londres. “El enfoque de las negociaciones en principio se hace en un marco bilateral Reino Unido–Unión Europea, siendo España una parte que no forma parte del proceso negociador”, señaló. Pero, a su juicio, ese planteamiento presenta problemas de fondo que no pueden ser ignorados.

El académico recordó que los artículos 3 y 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen con claridad cuáles son las competencias exclusivas de la Unión y cuáles son compartidas con los Estados miembros. “El marco bilateral que se ha planteado solo es válido cuando afecta a competencias exclusivas de la Unión Europea”, explicó. “Sin embargo, todos somos conscientes de que este acuerdo afecta también a áreas como el medio ambiente, la política social o la cooperación en múltiples niveles, que son políticas compartidas”.

En esos casos, recordó Verdú, el propio derecho europeo exige que el tratado sea considerado un acuerdo mixto, y por tanto ratificado no solo por la Unión Europea y el tercer país —en este caso, Reino Unido—, sino también por todos y cada uno de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, conforme a sus tradiciones jurídicas y constitucionales.

“Eso no se ha planteado, y puede ser un grave problema”, advirtió. El riesgo, según él, es evidente: “Si alguna de las partes, o cualquier Estado miembro, decide llevar el asunto a los tribunales, podría convertirse en un factor desestabilizador enorme”.

"Un factor desestabilizador enorme”

El profesor apuntó que, en caso de confirmarse la naturaleza mixta del tratado, su tramitación en España abriría a su vez distintos escenarios constitucionales. Según explicó, la aprobación podría requerir una ley orgánica al amparo del artículo 93 de la Constitución, algo que, en la coyuntura política actual, parece muy difícil de alcanzar. Alternativamente, podría seguir la vía del artículo 94.1, que solo exige la aprobación por las Cortes Generales. “Ahí entraríamos en un segundo debate, de naturaleza político-constitucional, igualmente complejo”, añadió Verdú.

A las incertidumbres jurídicas se suma, en opinión de Verdú, un problema de enfoque político. “Se ha hecho con un enfoque top-down, desde arriba”, lamentó. “Cuando, desde mi punto de vista, debería haber sido bottom-up: alcaldes, mancomunidad, sociedad civil, sindicatos… Tendrían que haber sido ellos quienes primero acordaran y definieran qué es lo que se quiere, y condicionar desde ahí el proceso negociador en las instancias superiores”.

Verdú concluyó subrayando que las incertidumbres “son muchas” y se proyectan sobre un tratado cuya estructura, tanto legal como política, considera insuficientemente asentada. Un aviso que interpela directamente a los responsables del proceso y que, según él, debería tomarse en serio antes de la firma definitiva del acuerdo.