El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el real decreto ley de medidas de adaptación al Brexit con el apoyo de todos los grupos, pese a las críticas y reticencias de la oposición, que lo ha calificado de "mal menor".

El real decreto detalla "medidas de adaptación imprescindibles para facilitar la transición y contrarrestar los efectos indeseados" de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha subrayado la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en su defensa del texto.

Aprobado el pasado 29 de diciembre por el Gobierno, el real decreto detalla medidas temporales y basadas en el principio de reciprocidad en materias como el comercio, los derechos de los ciudadanos -como seguros sanitarios o pensiones- y el reconocimiento de documentos y titulaciones.

Precisa, por ejemplo, que los británicos que residen en España y Gibraltar podrán seguir contando con el sistema sanitario y el universitario, así como de sus permisos de trabajo o de conducir de manera temporal, una vez que entre en vigor el Brexit, y siempre y cuando el Gobierno británico adopte medidas similares en el Reino Unido.

Las medidas, aprobadas en el último minuto antes de la salida definitiva del Reino Unido de la UE, han concitado el apoyo de toda la Cámara pese a que varios grupos de la oposición lo han considerado insuficiente e improvisado.

Así, la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, ha garantizado el apoyo de su grupo pese a considerarlo "un mal menor" y ha cuestionado tanto el fondo como las formas en las que ha sido elaborado ya que, tratándose de un tema de Estado, el Gobierno debería haberlo consensuado con las demás fuerzas políticas.

"Es un parche a medio plazo" para "capear como se pueda las consecuencias negativas" del Brexit, pero no incluye medidas para obligar al Reino Unido a aprobar medidas similares ni existe un "plan B" en el caso de que no lo haga, ha criticado.

La portavoz del PP para asuntos exteriores y de la UE, Valentina Martínez, también ha garantizado el apoyo de su grupo por considerarlo un "marco temporal adecuado y oportuno" que resuelve problemas prácticos, pero ha cuestionado que se tramite como proyecto de ley.

Según Martínez, la salida de Reino Unido suponía una "oportunidad" para avanzar en la "negociación histórica" sobre Gibraltar y el anterior Gobierno de Mariano Rajoy había dejado "el toro en suerte para rematar la faena", pero "la pereza del presidente" y su "falta de ambición" hizo que todo quedara en "una simple nota al margen de un acuerdo que solo beneficia a quien se lo trabaja" y España no lo ha hecho.

Así las cosas, la diputada popular considera "con más tristeza que alegría", que quizá habría sido mejor para los intereses de España que quien hubiera negociado lo relativo a Gibraltar hubiera sido el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, porque "quizá se hubiese conseguido más".

En nombre de Vox, el diputado José María Sánchez, también ha considerado que España "ha podido negociar con más firmeza" y apuntado que el principio de acuerdo alcanzado entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar "solo favorece a Reino Unido y Gibraltar", una situación que es "inconcebible" y "lesiva para España", ha dicho.

También la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamola ha cuestionado que el Gobierno haya tenido "más de cuatro años para prepararse con tiempo" y haya acabado aprobándolo con un decreto ley "in extremis" que "no parece el procedimiento más correcto".

Finalmente, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asegurado su apoyo al texto pero ha pedido correcciones y una acción decidida a la hora de facilitar la transición, especialmente en materia de contrataciones de personal de seguridad y control aduanero para los puertos y aeropuertos para evitar su "bloqueo".

Medidas

Los británicos que residen en España y Gibraltar podrán seguir beneficiándose del sistema sanitario y el universitario español, así como de sus permisos de trabajo o de conducir de manera temporal. Así lo refleja el Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que adapta el ordenamiento jurídico español 

Además, se ha incluido una disposición final dirigida a asegurar que la entrada en vigor de las medidas es plenamente compatible con la eventual entrada en vigor de los acuerdos alcanzados por la Unión Europea y Reino Unido el pasado 24 de diciembre.

Además, el real decreto especifica que los gibraltareños, que a 31 de diciembre de 2020 estaban registrados como tales, podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un estado miembro, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos. Se prevé un plazo de cinco años para presentar solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales y que sean resueltas bajo el régimen actual.

La oficina del Brexit de La Línea.

También se permite que los nacionales de Reino Unido o nacionales de la UE residentes en Reino Unido que ejerzan una profesión de manera temporal en España puedan continuar ejerciéndola para cumplir los contratos firmados antes del 1 de enero.  También se asegura la protección de los derechos de los trabajadores en materia de Seguridad Social, a la vez que se recogen medidas para que los nacionales de Reino Unido, así como los nacionales de la Unión Europea, puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los periodos cotizados hasta el 31 de diciembre de 2020, en cualquier Estado miembro de la Unión Europea incluidos los periodos cotizados en Reino Unido, siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España y se mantenga el derecho a residir legalmente en España.

Las sociedades profesionales británicas, por su parte, podrán seguir desarrollando su actividad en España durante un plazo de seis meses (hasta el 30 de junio de 2021). El plazo se extiende a todo 2021 para los auditores y sociedades de auditoría.

Las medidas contemplan que los permisos de conducción británicos seguirán habilitando a sus titulares para conducir en España durante seis meses a partir del 1 de enero de 2021. Es decir, los permisos de conducir de los gibraltareños les permitirán hacerlo en España hasta el 30 de junio de 2021.

Las autorizaciones de armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería mantendrán su validez hasta su expiración -todas aquellas que hayan sido concedidas con anterioridad al 1 de enero de 2021-.

También se permite la continuidad con condiciones de determinados servicios financieros y la actividad de las empresas transportistas entre España y Gibraltar, así como determinadas previsiones en el ámbito de los servicios aéreos y aeroportuarios.

Se extienden a Gibraltar todas las medidas que protegen a los trabajadores con independencia de su nacionalidad y, para los gibraltareños, hasta el 30 de junio de 2021, también se hace extensiva la regulación de la Unión Europea que otorga el derecho a recibir asistencia médica en los hospitales públicos españoles cuando se desplacen a España o si residen en España.

Se prevé la vigencia continuada de las tarjetas sanitarias de los británicos residentes en España hasta el 30 de junio de 2021 y de la dispensación de recetas de medicamentos extendidas en Reino Unido. Los alumnos procedentes de los sistemas educativos británicos podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española para el curso 2021-2022 en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea.Las medidas adoptadas también regulan las actividades económicas que permitirán la continuidad de los contratos de prestación de servicios financieros por parte de entidades británicas, suscritos antes del 1 de enero de 2021, con determinadas condiciones y limitaciones. "Una medida con la que se trata de evitar que el incremento de la incertidumbre y la pérdida del acceso al mercado europeo pudieran afectar a la estabilidad financiera o llegar a perjudicar a los clientes de los servicios financieros", explica el Gobierno español.

La autorización o registro concedido por las autoridades británicas a las entidades de servicios financieros mantendrá provisionalmente su vigencia hasta el 30 de junio de 2021, para realizar las actividades que sean necesarias a efectos de llevar a cabo la ordenada terminación o cesión de los contratos suscritos antes del 1 de enero de 2021 a entidades debidamente autorizadas para prestar en España los servicios financieros en los términos previstos contractualmente. El plazo se podrá extender hasta el 31 de diciembre de 2022 para las entidades aseguradoras.En cuanto a la contratación pública, también se permite la continuidad del régimen jurídico aplicable a operadores económicos británicos que hayan participado en procesos de adjudicación de contratos públicos antes del 1 de enero de 2021.