Al sur del Sur
Javier Chaparro
Un ensayo general de caos en la Verja
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTAREÑOS
Sobre el capitán Antonio de Ontañón y Rodríguez (Valladolid, 1674-Algeciras, 1730) conocíamos, a grandes rasgos, su periplo entre 1725 y 1730, fecha de su muerte. Ahora podemos hacerlo con el anterior a 1725, cuando el Consejo de Órdenes Militares aprobó su petición de ser nombrado caballero de la Orden de Santiago.
1725 fue un año especialmente significativo en su cursus honorum ya que fue a Sevilla “para cruzarse del orden del señor Santiago”, en el convento de Santiago de la Espada.
Prácticamente lo tenía todo, pero quería más y eso se lo proporcionaría la obtención de un hábito de alguna orden militar, una apetencia común entre los hidalgos, porque se consideraba el paso previo para ascender a algún título nobiliario. Con ello conseguiría alcanzar una meta y entrar en la gloria de la fama local, en una nueva ciudad donde los hidalgos de sangre no serían muy abundantes. Al fin y al cabo, si las distinciones existen son por y para algo y la obtención del hábito santiaguista, en su caso, se inscribe en la base de este tipo de distinciones que, en la escala social de la época, permitía consolidar el prestigio de clase.
Al ser capitán del ejército, un oficio militar reservado a los hidalgos, pudo beneficiarse de la preferencia que Felipe V tuvo hacia ellos. Se calcula que, en la concesión de hábitos de Órdenes Militares, los miembros de la institución militar se beneficiaron en un 60% de los casos que iniciaran el proceso.
Provenía de una familia hidalga y en las pesquisas llevadas a cabo para la obtención del hábito, tanto en terruño paterno como materno, se confirma lo pretendido, por lo que no le sería difícil conseguir su objetivo. Se calcula que, en Cantabria, de donde era oriunda la familia paterna, y Asturias, la proporción de hidalgos era del 50%.
Felipe V le concedió al capitán Ontañón el 8 de octubre de 1709 “la merced de hábito de una de las tres órdenes militares, sin exceptuar el del Sr. Sn. Tiago”, pero no fue hasta el 10 de octubre de 1722, que autorizara a Juan Antonio de Sobriñas y Francisco García del Monte en Madrid, para que se vería ratificado el 11 de julio de 1725, cuando el rey le concedió la “merced de hábito de caballero de Santiago”, que era la que él quería, pero esto “no significaba lucir la insignia de una orden castellana, sino que era el principio para poder optar a tan distinguido honor, quedando por delante un largo proceso de tiempo entre la concesión inicial y la definitiva”, por lo que a partir de ese momento se hacía necesaria la pesquisa de las pruebas para demostrar su hidalguía.
Los informantes partieron de Madrid el día 2 de agosto, llegaron a Valladolid el 5 para iniciar el proceso,6 y lo concluyeron el 30 de septiembre en Castillo (Cantabria).7 Tomaron testimonio sólo a testigos “de la primera distinción”: 24 en Valladolid, 8 en el marquesado de Prado, en el lugar de Cerezal de la Guzpeña, del Consejo del Valle de Valdetuéjar, en la villa de Ranedo, en las montañas de León, hoy perteneciente a Prado de la Guzpeña en la provincia de León y 6 en el lugar de Castillo, perteneciente a la Junta de las Siete Villas, en la jurisdicción de las Cuatro Villas de la costa, cerca de Bárcena Mayor, hoy en Cantabria. Todos contestaron a 10 preguntas sobre la vida del capitán y sus ancestros, que de manera resumida fueron estas:
Se pretendía conocer su calidad hidalga, su capacidad económica, su comportamiento social, su ortodoxia religiosa y la de sus antepasados, entre los que no debía haber ninguna tacha religiosa (condenado o penitenciado por el Santo Oficio, o converso), ni étnica (antecedentes de judío o moro).
Para ellos el capitán Ontañón era propietario de ganados y bienes inmuebles (de los cuales una buena parte tenía arrendados al ejército), repartidos por el área del estrecho de Gibraltar, y las comarcas próximas. No ejercía profesión considerada como vil o mecánica, aunque podría incluírsele entre los mercadores (mercaderes), una profesión que, sin embargo, no estaba bien vista por los detentadores tradicionales de honores y gracias.
La fase inquisitiva de instrucción estaba determinada por la Real Cédula de 12 de mayo de 1724, en la que se prohibía sacar originales de los archivos, para evitar su pérdida o extravío y en sus copias no debía haber “tachadura, enmienda en parte esencial, diferencia de tinta, papel o letra, ni otro motivo que induzca falsedad como de él consta”. En el caso de que la certificación de la documentación fuera prolija, se preveía que sólo se dieran “testimonios en la relación a lo que se justifica”.
En algunos casos la obtención de la información fue imposible, bien porque la documentación era anterior a la propia existencia del archivo o porque la conservada no estaba en las mejores condiciones, caso de la escribanía vallisoletana de Juan de Tejares, en la que el escribano aducía que:
"el motivo de ello es por haberse perdido y extraviado muchos papeles de Jacinto de Cuéllar por haberle caído en persona que vendió y maltrató los papeles porque la justicia le prendió y mandó se le cogiesen los que se hallasen a los oficios, como se ejecutó, por lo que cada escribano le cogió los que pudo aun en […] sacado muchos de las tiendas que tenía vendidos, y cuando entró en el oficio halló este protocolo y otros en la mesma forma que están"
Por ello no se pudieron encontrar los testamentos de parte de la familia materna y paterna, por lo que los instructores tuvieron que acudir al procurador del capitán, su cuñado, Juan de Dueñas, “por no hallarse noticia en las escribanías de la ciudad”. Este, como no podía ser de otra manera, era hidalgo y tenía en el convento de San Francisco derecho de sepultura, en la que quería ser enterrada su suegra Isabel Rodríguez, madre del capitán Ontañón.
Las averiguaciones en Valladolid se llevaron a cabo entre el 6 y el 11 de agosto. Los 24 testigos eran hidalgos y entre ellos predominaban los eclesiásticos (un comisario y dos secretarios del Santo Oficio; tres racioneros, tres canónigos, un deán, un prior y un chantre de la catedral de Valladolid) sobre los civiles (cinco regidores del Ayuntamiento, tres escribanos, un relator y un procurador de la Chancillería) o militares (un capitán de infantería). De ellos uno era a la vez regidor del ayuntamiento y teniente mayor de la Chancillería, otro procurador de la Chancillería y secretario del Santo Oficio y un tercero escribano de cámara y procurador del común.
Sólo uno de ellos no cumpliría la regla de no ser amigo ni enemigo del pretendiente. Pedro Caballero, relator de los hijosdalgo de la Chancillería era “de la misma edad que el pretendiente, [que] fueron juntos a la escuela y muchas veces [fue] a su casa”. Afirmó además que el pretendiente entró en el servicio de armas con 15 años “teniendo caballo”, por tanto entraría en el servicio de armas hacia 1669.
De los 6 testigos de Santovenia, hoy Santovenia del Pisuerga, sólo se le reconoció profesión al alcalde de los hijosdalgo, del resto se dice que son “de los más ancianos, noticiosos y fidedignos, que pudiesen hallarse”. A los 8 testigos examinados en Renedo, Cerezal y San Martín no se les atribuyó profesión a 5 se ellos, de los tres restantes 2 eran eclesiásticos y uno jurado en Renedo, todos ellos “tenidos y comúnmente reputados por hijosdalgos notorios de sangre […], sin haber ninguno que haya pechado”. De los de 6 interrogados en la costa cántabra, 3 eran eclesiásticos, y los otros procurador, teniente de regidor y regidor, respectivamente.
Lo cierto es que la concesión se produjo en un tiempo ciertamente corto, porque la finalización del proceso documental terminó el 30 de septiembre, la concesión del hábito se produjo el 16 de octubre y él se invistió el 19 de noviembre de 1725.
Artículo publicado en la revista Almoraima número 58. Revista de Estudios Campogibraltareños
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