La Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional -de cuya fundación participó la Real Balompédica Linense- ha recurrido ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) las modificaciones reglamentarias que pretende llevar a cabo la Real Federación Española de Fútbol y cuyo objetivo no es otro que prohibir “con un fin bastardo, ilegítimo, espurio y fraudulento” el derecho de los clubes de constituirse en asociaciones. Este colectivo, que Europa Sur ha dado en llamar El Club de los Cinco, sostiene que Luis Rubiales y su directiva tratan de cometer una “ilegalidad manifiesta, inconstitucional y en fraude de ley” en un intento de “menoscabar la independencia de los clubes, fiscalizando de forma ilegítima su actividad y pretendiendo apropiarse de su representación”

El pasado 25 de abril la Comisión Delegada de la RFEF aprobó la modificación del artículo 122 del Reglamento General relativo a las obligaciones de los clubes no profesionales, a los que obliga a cederle su representación exclusiva en el orden laboral, organismos públicos o entidades deportivas internacionales, al tiempo que limita su derecho a la asociación. Este cambio en el articulado no entrará en vigor hasta que sea validado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CDS).

"En el caso de los clubes que participen en competiciones no profesionales, reconocer la representación exclusiva de la RFEF en la defensa de los intereses colectivos de los clubes de fútbol afiliados en la RFEF cuando estos guarden relación con las competiciones de fútbol no profesional y las actividades del fútbol en general, incluyendo las de naturaleza colectivo laboral ante las administraciones públicas, las entidades deportivas de ámbito nacional o internacional, sindicatos y cualquier otra entidad cuando la actuación se enmarque en la defensa y gestión de los intereses colectivos garantizando, en todo momento, la defensa y gestión individual de los intereses de cada uno de los clubes cuando estos sean individuales de cada uno de los clubes afiliados y no ejercidos de forma colectiva”, señala el nuevo articulado aprobado por la Española.

Ante este movimiento la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional (integrada según los estatutos por Real Balompédica Linense, Linares Deportivo, Dux Internacional de Madrid, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes SAD y CF Rayo Majadahonda SAD, pero a los que se ha anexionado el Real Unión de Irún) ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) un escrito de impugnación.

La Asociación fundamenta su petición en que dichas modificaciones “van encaminadas a menoscabar la independencia de los clubes, fiscalizando de forma ilegítima su actividad, pretendiendo apropiarse de su representación, lo que constituiría un claro impedimento del libre ejercicio de sus derechos, con un único fin “bastardo, ilegítimo, espurio y fraudulento”.

El escrito de impugnación subraya también que la “modificación que se propone lo es de otra que, tras casi un año de tramitación, aún no está aprobada”

Este colectivo recuerda en la apelación presentada que la Asociación se constituyó como asociación empresarial privada, conforme a lo dispuesto en la Ley 17/1997, de 1 de abril, sobre regulación del derecho sindical, "teniendo como uno de sus fines participar en la negociación colectiva, plantear conflictos de trabajo y promover el diálogo social y la participación institucional en los organismos de las administraciones públicas, representación que la RFEF pretende arrogarse apartando a los clubes de la negociación colectiva".

“La RFEF, en ningún supuesto, posee carácter de asociación empresarial, por lo que no está legitimada para participar en la negociación colectiva. Falta de legitimación patente que se desprende de la simple lectura de la normativa aplicable”, sostiene la Asociación de Clubes en su comunicado.

El mencionado escrito continúa, de manera literal:

Llama poderosamente la atención el hecho de que, entre las modificaciones impulsadas, en concreto la del art. 116.1, se pretenda impedir la participación de clubes que, estando legalmente constituidos, no sean clubes elementales o sociedades anónimas deportivas, por ejemplo, la de Dux Internacional de Madrid, SL. Un ejemplo más de las maniobras maléficas del ente presidido por Luis Rubiales, caracterizadas por el desprecio a la Ley y al Derecho, algo que invocan con reiteración para, acto seguido, incumplir.

Ejemplo ostensible de lo anterior sería la propuesta de modificación del art. 117.1, del ya citado Reglamento General. Así, de su espíritu y literalidad se colige que “cualquier acuerdo, pacto, convenio o contratos que guarden relación con su participación en las competiciones deportivas no profesionales requiere de la aprobación previa obligatoria por parte de la RFEF”.

Dicho incumplimiento será motivo de baja como afiliado y la imposibilidad de participar en las competiciones oficiales. En definitiva, de un plumazo, la RFEF y sus órganos de gestión pretenden liquidar el artículo 38 de la Constitución Española, en el que se reconoce “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, además de pretender sustituir a todos los órganos de gobierno de los clubes: asambleas, juntas directivas, consejos de administración, administradores, etcétera.

En el prolijo escrito de impugnación se subraya la gravedad y preocupación porque se pretenda “obligar a los clubes a otorgar la representación en exclusiva a la RFEF de absolutamente todos sus intereses”, no solo por constituir “una ilegalidad manifiesta, inconstitucional y en fraude de ley”, sino por los precedentes de esa gestión que, en el caso de Primera RFEF, acumulan fracaso tras fracaso (comercialización de activos, derechos tv), impericia, falta de participación de los clubes y una política de ordeno y mando impropia de los tiempos que corren.

En definitiva, una gestión muy alejada de los clubes y de sus intereses, hasta el punto de obstaculizar el libre acceso de estos a nuevas y asequibles vías de financiación.

La Asociación, en sus conclusiones, subraya que la pretendida reforma persigue, exclusivamente, “prohibir lo que la legislación española no prohíbe: el derecho de asociación de los clubes, la libertad de empresa”, en un intento de desarticular cualquier contestación a la política de la RFEF y su presidente, que, de manera lamentable, ocupa diariamente la atención mediática al desnudar las maneras y procedimientos del primer mandatario federativo y de su equipo.

El escrito concluye solicitando la no aprobación de las reformas al Reglamento General y al Código Disciplinario de la RFEF, aprobadas por su Comisión Delegada, y, como medida provisional, ordenar a la RFEF la “prohibición de realizar cualquier acto tendente a aplicar, de forma directa o indirecta, la normativa objeto de impugnación, ya sea mediante comunicaciones escritas o verbales, circulares, requisitos, directrices, normas de competición, procedimientos disciplinarios o sancionadores, o cualquier otro tendente a hacerla efectiva …”.