El ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual, imputado en el caso de los ERE fraudulentos y en prisión durante un año -siendo el último de los excarcelados-, declaró ayer ante la juez Mercedes Alaya que una aseguradora catalana llamada Fortia Vida recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".

Apenas unas horas después de la declaración, Francisco Cornejo, secretario de Política Institucional del PSOE-A negó "rotundidad" las afirmaciones y anunció acciones penales por falso testimonio.

Pascual decidió ampliar las declaraciones efectuadas con anterioridad y atendió las preguntas de la juez. Tras su comparecencia ni la Fiscalía ni el resto de las acusaciones han solicitado la modificación de las medidas cautelares, ya imputado en la causa por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec y Primayor.

Este imputado sostiene, según el acta de declaración, que la Generalitat autorizaba a Fortia a realizar operaciones fuera de Cataluña "siempre que las pólizas se suscribieran en Cataluña, lo cual es un criterio contrario a la Dirección General de Seguros" y en su opinión apoya la tesis de la "connivencia entre el PSC catalán y el PSOE andaluz".

Con este testimonio se da un nuevo giro en la investigación de la trama de los ERE fraudulentos. De hecho, Pascual explicó que no había dicho nada sobre la situación de Fortia Vida "por seguridad personal" y hasta que sus hijos "no se han marchado a residir fuera".

En su declaración, Pascual explicó que Fortia Vida "está controlada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC), cuyo principal accionista es Cruz Apestegui, yerno del empresario Jesús Barderas". Según este imputado, de la Junta de Andalucía "salen 100 millones para Fortia y de Fortia salen 18 millones al bolsillo de las sociedades de empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional, como Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigó y Eduardo Bajet". Aseveró que Fortia Vida era una entidad "que no podría operar fuera de Cataluña pero recibió 100 millones de la Junta de Andalucía".

El ex directivo de Vitalia aseguró que "es imposible que una pequeña compañía sin estructura comercial, como es Fortia Vida pueda recibir los 100 millones de euros y pueda asumir las prejubilaciones de tantas empresas" y subrayó que las asignaciones "se realizaban a dedo". Asimismo, agregó que en otras comunidades autónomas como Valencia, en la que también se realizaron prejubilaciones "Fortia no llegó a asignarse ningún expediente".

En su declaración ante Alaya, Pascual dijo que los 100 millones de euros- "más bien 98 millones"-, procedentes de la Junta de Andalucía "entran desde la creación de Personal Life y luego pasan a Fortia Vida". Y que "de Fortia Vida salen 18 millones de euros que se invierten en dos hoteles en República Dominicana, que están controlados por Apestegui, Barderas, Garrigó y Bajet".

El ex directivo de Vitalia sostiene que Garrigó y Apestegui "son los accionistas de Fortia Vida" y que, en relación con el PSOE, "Barderas es la persona que en representación del PSOE lleva las inversiones internacionales en Sudamérica". Asimismo, apunta que Barderas "es el administrador de los hoteles de Sarasola en República Dominicana".

Pascual explicó también que cuando ingresó en prisión entró en contacto con Eduardo Leal, también imputado en los ERE, y convivieron cuatro meses en la misma celda. Añade que Leal le explicó que "se crean unas sociedades que reciben siete millones de euros por parte de Vitalia, que los entrega en billetes físicos a varias personas, esto es, el ex director comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y la que fuera responsable del departamento de contabilidad de Vitalia, Olga Pascual", todos imputados en el caso ERE. Pascual declaró ayer ante Alaya que durante su estancia en prisión, Leal le cuenta que es un testaferro de Guerrero.

Sobre el ERE de Samec, Pascual indicó que "todos los expedientes han sido captados por Fortia en virtud de ese acuerdo entre PSC de Cataluña y el PSOE-A" y explicó que "con estos 100 millones de euros objeto del acuerdo, se haría un pago anticipado del 3% a Garrigó y un 15% tenía que invertirse en inversiones de interés para los empresarios vinculados con la cúpula del PSOE en Sudamérica". Manifestó asimismo que "también el tres por ciento pagado por el PSOE a Bajet lo condonó una semana antes de la intervención de Fortia Vida".

Según Eduardo Pascual, "en los informes de los registros policiales constan fax cruzados con Bajet respecto a las comisiones percibidas por Vitalia", y Bajet y su secretaria "han sido imputados por el juez Velasco por la liquidación irregular de Fortia Vida". Asimismo, agregó que "toda la documentación de Fortia Vida está depositada en el despacho que Bajet a través de un despacho que se conoce Ebame, despacho que ha sido cerrado y la documentación referente a Fortia Vida ha desaparecido".

Al respecto, el abogado Eduardo Bajet, señalado por Pascual en esta supuesta trama, asegura que todas las palabras trascendidas sobre su persona son "totalmente falsas" y que "emprenderá inmediatamente las acciones legales oportunas". En un comunicado, Bajet negó vinculación con el caso ERE y atribuyó estas declaraciones a que ha participado "en el proceso de liquidación de las mutuas controladas por Eduard Pascual". Por ello, afirma que los "faxes cruzados a que Pascual se refiere obran en poder del Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional y son reclamaciones de facturas por actos jurídicos en defensa de las mutuas de Pascual en las que también intervinieron otros 52 despachos de Barcelona y Madrid".