La pandemia cambió el sistema sanitario. La concepción del mismo y en especial de sus profesionales por parte del conjunto de la sociedad, se pusieron a prueba y, al menos en lo que se refiere a la manera en la que se hizo frente, salieron más que fortalecidos. No obstante, resultó letal para el nudo más débil de toda la cadena sanitaria. La Atención Primaria, la puerta de entrada de la inmensa mayoría de los ciudadanos al sistema sanitario, quedó más que tocada. 

Superada la crisis sanitaria (tan sólo falta que la Organización Mundial de la Salud la de por acabada de manera oficial), ese servicio básico esencial ha vuelto a protagonizar el debate político en Andalucía. La Semana Santa ofrece un paréntesis en reivindicaciones, peticiones, huelgas y concentraciones y es de esperar que también de las críticas y alabanzas al sistema de salud depende de quién las pronuncie. De la especial gravedad del asunto da buena cuenta que tan pronto como el Lunes de Pascua, Junta y sindicatos se reúnen con la vieja táctica de parar el reloj, es decir, de continuar negociando hasta que se llegue a un acuerdo. Los actuales gobernantes no quieren que se repita el declive de la anterior etapa que se dio por acabada, precisamente, cuando no fueron capaces de convencer a la mayoría de los andaluces de que aún estaban ante la joya de la corona.

En estos días, la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha hecho publico un documento que, bajo el expresivo título de ¿La Atención Primaria se desmorona en Andalucía? detalla los principales retos a los que se enfrenta una reforma que debe ser integral y que pasa, de manera ineludible, por dotar a esos servicios de mayor dotación tanto de personal, como de recursos económicos. El informe parte, precisamente del hecho de que "hace más de una década, ya se consideraba la Atención Primaria infradotada económicamente y en recursos humanos. En esta situación tan precaria se enfrentó a la pandemia del Covid-19". Esta carencia contrasta con que "la población atendida por Atención Primaria es la más elevada desde hace una década y la más elevada de la registrada en mayores de 65 años", buena parte debida a las consecuencias sanitarias de esa pandemia.

En cuanto a la dotación de medios económicos, la media nacional se situó en el 13,92% de los respectivos presupuestos de salud de las comunidades autónomas en el año 2020, en pleno azote de la pandemia, por lo que se registra un descenso respecto al 14,18% al que se llegó un año antes. La desigual distribución regional, tuvo una especial incidencia en Andalucía, donde se asistió "a un descenso de un 2%", el mayor porcentaje negativo de todas ellas. En lo que se refiere al porcentaje en los presupuestos de la Junta de Andalucía para los ejercicios siguientes, UGT señala que en 2022 "sólo tuvo por debajo a las comunidades de Baleares, Galicia, Madrid y Murcia", mientras que en lo que se refiere al año en curso, tiene también por debajo a "Baleares, Canarias, Galicia, Murcia y Navarra".

También se ha modificado la manera de acceder a los servicios de Salud, ya que la cita telefónica se ha generalizado y ha engrasado su funcionamiento, ya que "casi un 25% de quienes pidieron cita fueron atendidos ese mismo día o al día siguiente. Quienes tuvieron que esperar por falta de huecos en la agenda, tuvieron una espera media superior a los 8 días".

El documento prosigue con la constatación que "los médicos de familia constituyen la segunda especialidad con una pirámide más envejecida y con los mayores porcentajes de profesionales de 60 o más años (1 de cada 3) y de más de 50 (casi 2 de cada 3). La desafección que existe por la especialidad es un hecho dada la cantidad de especialistas recién licenciados que prefieren trabajar en la sanidad privada o directamente se marchan a otros países donde les ofrecen mejores condiciones laborales y salariales. Desde hace décadas se necesitan trabajadores sociales, psicólogos, matronas y fisioterapeutas, así como auxiliares administrativos".

Las propuestas de UGT pasan por "incrementar un 10% la inversión en Atención Primaria para llegar al 25% del gasto sanitario", precisamente uno de los puntos cerrados en el Pacto Social que la Junta de Andalucía firmó con sindicatos y patronal el pasado mes de marzo. Para UGT debe abordarse de una manera urgente "el abuso de temporalidad, el desarrollo de la jubilación parcial con contrato de relevo, la jubilación anticipada por coeficientes reductores, solucionar la falta de contrataciones" y de manera todavía más específica en Andalucía, "retirar la orden de 23 de febrero y no privatizar la asistencia sanitaria".

Otras soluciones pasan por "revisar cupos de los profesionales, reducir las listas de espera (atender en menor de 48 horas las consultas no urgentes) y dimensionar las plantillas a las necesidades asistenciales".

Las conclusiones del informe confirman la "decadencia en la actual situación sanitaria, en especial en Andalucía" y parte del hecho de que "la inversión en Atención Primaria no supone un gasto, sino beneficios en calidad de vida y un ahorro de recursos en los servicios de tercer nivel, esto es la hospitalización, farmacia, diagnósticos e invalidez".

UGT concluye con su petición de "reorientar el Sistema de Salud hacia la Atención Primaria y Comunitaria". Para ello ofrece un par de cifras. Son necesarios, a su juicio, "90 millones de euros para la identificación de los procedimientos diagnósticos y la adquisición del equipamiento necesario y una cantidad similar para la implementación íntegra de las recomendaciones recogidas en las Estrategias de Salud que se refieran a este ámbito asistencial, dedicando los recursos necesarios para tal fin. En ambas partidas, Andalucía es la más favorecida, con una participación del total, atendiendo a criterio de población, cercana al 20%".

De todo ello se comenzará a hablar a partir del Lunes de Pascua y lo que hay en juego tiene, además de importantes consecuencias sociales y económicas, una carga política indudable. Faltan siete semanas para las municipales y antes de fin de año hay unas elecciones generales.