Los parlamentarios autonómicos del PSOE de Sevilla Rafael Recio y Encarnación Martínez, junto con David Díaz como secretario local del partido, han visitado la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla), marcada por la contaminación ambiental derivada altos los niveles de gases tóxicos verificados sin que esté claro su origen, celebrando un encuentro con la asociación de afectados, con la que se han comprometido a impulsar nuevas iniciativas en la Cámara andaluza, a la búsqueda de soluciones para los vecinos ante esta prolongada problemática.

Ello, en un marco en el que recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimaba una de las 12 peticiones de la demanda de los afectados por dicha vía, ordenando al Ayuntamiento de Coria, gobernado por el andalucista Modesto González, que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera, donde en un principio se achacó el problema como terrenos contaminados, y resuelva dicho procedimiento sin dar lugar, sin embargo, al resto de reivindicaciones.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta "inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos", ordenando al Ayuntamiento la citada medida; pero sin acceder de otro lado a ordenar el plan de "realojo" pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia indemnizatoria, extremo que el colectivo ha decidido recurrir.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, aseguraba por su parte el pasado mes de marzo que su departamento, junto con la Consejería de Política Industrial y Energía, tiene previsto "un estudio más exhaustivo" sobre la situación de la barriada y sus vecinos, según sus palabras.

En el plano Penal, los vecinos han elevado un nuevo escrito al Juzgado de Instrucción número tres de Coria, reclamando otra vez un "impulso procesal" a la investigación penal del asunto, especialmente por las pruebas periciales acordadas sobre la teoría de los pozos negros como posible foco de la contaminación.

En el escrito registrado en el Juzgado se rememora que allá en noviembre de 2022, esta misma instancia judicial acordó solicitar un informe pericial, aún pendiente, "a fin de concretar la ubicación de los pozos negros y si las labores de mantenimiento de dichos pozos negros o falta o déficit en las mismas fuera causante junto con la gasolinera de la contaminación objeto del presente procedimiento"."Si finalmente se determina que junto a la gasolinera existe otro foco de contaminación, será necesario practicar diligencias para concretar el alcance y los presuntos responsables", consideran los afectados.

Dado el caso, visto el tiempo transcurrido desde noviembre de 2022 y "la paralización del procedimiento" judicial, según el colectivo, el mismo reclama un "impulso procesal" a las diligencias con aspectos como la práctica de las citadas actuaciones del informe pericial.

En el plano sanitario, los vecinos insisten en que tras los malos olores denunciados desde 2017 hay un grave problema de salud pública por inhalación de gases tóxicos por lo que exigen un estudio epidemiológico. Prueba de ello es el dictamen que la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla reconoció en 2021 la "incapacidad permanente en grado total" a uno de los vecinos de la barriada Guadalquivir afectado por esta contaminación, señalando específicamente la "exposición" de esta persona a hidrocarburos como el benceno, el tolueno o el n-hexano, "por encima de los valores aceptables".