Multas millonarias y 170 años de prisión, los seis acusados por el naufragio mortal del Rúa Mar se sientan en el banquillo

¿Qué causó la tragedia del Rúa Mar en el Estrecho de Gibraltar el 23 de enero de 2020? ¿Qué provocó la muerte de sus seis tripulantes? ¿Qué incidencia tuvo en el naufragio las dos toneladas de hachís que, supuestamente, transportaba? ¿Qué responsabilidad tuvo en la tragedia el armador, Pedro Samuel Maza? Todas estas preguntas y muchas más deben quedar contestadas entre este lunes y el próximo 8 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras. Allí se sientan en el banquillo seis acusados por el hundimiento del pesquero, desaparecido desde cinco años y medio a unas 28 millas de Cabo Espartel.

El juicio presenta una enorme complejidad y contará con las declaraciones de decenas de testigos y la aportación de informes periciales clave. Técnicos de Salvamento Marítimo y peritos en estabilidad naval deberán explicar si el peso de la carga resultaba determinante para el hundimiento. También comparecerán agentes de la Policía Nacional que siguieron la pista del barco antes del naufragio, así como familiares de los marineros fallecidos, forenses y otros agentes policiales, así como guardias civiles, que participaron de la operación.

La defensa intentará desacreditar la validez de las pruebas recopiladas —en particular, la vinculación de los fardos recuperados días después del hundimiento con el Rúa Mar— y la interpretación de las conversaciones telefónicas que la Fiscalía presenta como incriminatorias. Las trece sesiones previstas para la vista oral darán inicio para resolver las cuestiones previas que puedan presentar las partes –presunta nulidad de algunas pruebas, presentación de otras nuevas...– y, el martes, tendrán lugar las declaraciones de los seis acusados, salvo que se acojan a su derecho a no hacerlo.

La Fiscalía Antidroga sostiene que la tragedia no fue un mero accidente marítimo, sino la consecuencia directa de una operación de narcotráfico que terminó en una tragedia fatal. El Ministerio Público describe una maniobra propia de las redes del Campo de Gibraltar desde hace años: la utilización de barcos pesqueros como medio para transportar alijos desde aguas marroquíes. En este caso, se calcula que la carga alcanzó hasta dos toneladas de droga, un sobrepeso incompatible con la estabilidad del buque. Esta circunstancia, sostiene, unida a la deficiente estiba y a la meteorología adversa, provocó el hundimiento.

El juicio obligará al tribunal a pronunciarse sobre el posible nexo causal entre el tráfico de drogas y el naufragio. La acusación sostiene que la sobrecarga ilícita fue el origen directo de la tragedia, lo que convierte el caso en un supuesto de homicidio doloso o, al menos, de imprudencia grave. La defensa, en cambio, previsiblemente argumentará que el hundimiento obedeció a causas fortuitas, como un temporal o un fallo técnico, desligadas de la conducta imputada.

La segunda cuestión afecta a la responsabilidad del armador. Según la Fiscalía, Maza conocía los riesgos de la operación y, aun así, dio la orden de zarpar. También habría ocultado, supuestamente, a los equipos de rescate la existencia de un teléfono satelital a bordo, lo que, a juicio de la acusación, dificultó la localización de los tripulantes y agravó las consecuencias del siniestro.

El proceso pondrá igualmente bajo examen las acusaciones de blanqueo de capitales y delitos contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía sostiene que la actividad pesquera del armador estaba orientada a encubrir beneficios procedentes del narcotráfico, y que los marineros embarcados aquella madrugada carecían de las mínimas condiciones laborales de seguridad exigidas por la normativa marítima.

El barco lo tripulaban aquella noche los hermanos Antonio Javier y Ángel Maza (el primero, patrón sustituto del barco y tío del armador) más Antonio Fernández, Daniel Gallego, Iván Cazorla y Óscar Maquera. El lunes 27 fue hallado el cuerpo sin vida del primero. Apareció a unas 7 millas de Tarifa y a 5 millas al oeste de Barbate, a unas 30 millas del lugar donde se activó la radiobaliza para marcar el naufragio. Al día siguiente, el martes 28, en la costa de Tarifa fue localizado el cuerpo del último de la lista. Fueron los únicos cadáveres que aparecieron. Poco más de un mes después se suspendió la búsqueda del palangrero, del que más tarde se supo que hacía tiempo que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas. Fue el hallazgo posterior de fardos de hachís en la zona el que reforzó la tesis de que el Rúa Mar habría zarpado con un cargamento ilícito.

El principal procesado es el armador de la embarcación, Pedro Samuel Maza, para quien la Fiscalía reclama 114 años de prisión. El escrito de acusación imputa al empresario seis delitos de homicidio (15 años por cada uno), dos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa en grado de tentativa y delitos contra los derechos de los trabajadores. A estas penas privativas de libertad se suman cuantiosas multas: 12 millones de euros, otros 1,9 millones a Salvamento y Seguridad Marítima e indemnizaciones de entre 200.000 y 400.000 a las esposas e hijos de los seis fallecidos.

Junto a él se sentarán en el banquillo su pareja sentimental, para la que se piden 19 años de cárcel, y otros cuatro acusados que habrían colaborado, supuestamente, en la planificación y ejecución del transporte de la droga. Para estos últimos, las peticiones oscilan entre seis y trece años. En total, la suma de las penas solicitadas supera los 170 años de prisión.