La Guardia Civil pilla en un ferry con destino a Algeciras a un traficante con 79 cajas de Kamagra, la Viagra ilegal de la India

Tenía plaza en el ferry rumbo a Algeciras, pero su viaje terminó antes de zarpar. A bordo de su Renault Megane, el acusado J.C.M. aguardaba en la cola del puerto de Ceuta el pasado 16 de octubre cuando agentes de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera decidieron revisar su vehículo. No era una inspección rutinaria. Algo les hizo sospechar. Y en el maletero encontraron la respuesta: una bolsa repleta con 79 cajas de Kamagra, una sustancia que imita a la Viagra y que está prohibida en España por su riesgo para la salud.

El hallazgo desató una investigación que esta semana ha llegado al final de su primera etapa: el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra J.C.M., acusado de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de medicamentos. El Ministerio Fiscal ha pedido para él tres años de prisión y una multa de 7.200 euros (a razón de 20 euros diarios durante 12 meses), por intentar introducir en territorio peninsular más de 55.000 miligramos de un producto considerado de alto riesgo.

Kamagra, la "viagra barata" que alarma a las autoridades

El producto incautado, Kamagra, llega a Europa desde laboratorios en la India y ha disparado las alertas sanitarias por su creciente presencia en gimnasios, sex shops y tiendas online. Su principio activo es el sildenafilo, el mismo componente que la Viagra, pero sin control alguno. En España está prohibida su venta: ni se comercializa ni cuenta con autorización de la Agencia Española del Medicamento.

Pero su bajo precio y fácil acceso han disparado su consumo en el mercado negro, especialmente entre jóvenes de entre 17 y 30 años que buscan contrarrestar los efectos del alcohol. Lo que muchos no saben –o no quieren saber– es que su uso sin control médico puede provocar desde arritmias y accidentes cerebrovasculares hasta muerte súbita. Por eso, el sildenafilo requiere receta médica y seguimiento profesional.

La defensa: sin análisis, no hay delito

Según detalla este miércoles El Faro de Ceuta, en el juicio celebrado esta semana, el acusado decidió no declarar. Ni ante el Ministerio Fiscal ni siquiera ante su abogado. Un silencio que, para la acusación, deja sin alternativa la versión de la Guardia Civil, cuyos agentes relataron ante el juez cómo descubrieron el cargamento en el vehículo cuando el conductor se disponía a embarcar rumbo a Algeciras.

Según la Fiscalía, el acusado actuaba con ánimo de lucro y pretendía comercializar los sobres en el mercado ilegal, poniendo en riesgo la salud de quienes los consumieran sin control médico. Cada caja contenía siete dosis orales de 100 miligramos.

Frente a esta acusación, la defensa ha reclamado la absolución del procesado, argumentando que no existe ningún análisis pericial que confirme la composición real de los sobres intervenidos. En otras palabras, que no se puede condenar a alguien por lo que supuestamente contiene un medicamento si no se ha verificado su contenido en un laboratorio autorizado.

“El caso se basa exclusivamente en una presunción”, alegó el letrado, quien insistió en que ningún organismo sanitario ha certificado que lo decomisado sea realmente Kamagra o contenga sildenafilo. A su juicio, esta ausencia de prueba científica debe traducirse en una sentencia absolutoria por aplicación del principio jurídico ‘in dubio pro reo’ (ante la duda, a favor del acusado).

El trasfondo: un mercado clandestino en auge

Este caso no es aislado. El decomiso de Kamagra a bordo del ferry se produjo en el marco de una investigación más amplia contra el tráfico ilegal de fármacos. En los meses anteriores, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ya habían detectado importaciones irregulares desde Turquía y la India, camufladas como suplementos alimenticios.

Algunos de estos productos, tras ser analizados, contenían sibutramina, un potente supresor del apetito retirado del mercado por sus efectos adversos en el sistema cardiovascular. Los medicamentos, vendidos en redes sociales y centros no autorizados, eludían controles sanitarios y aduaneros, con consecuencias potencialmente letales.

Ahora, el futuro de J.C.M. queda en manos del juez. Deberá decidir si la declaración de los agentes y el hallazgo de los sobres son suficientes para condenar al acusado, o si la ausencia de pruebas periciales deja un margen de duda incompatible con una condena penal.