23-F: La improvisada reclusión de Milans del Bosch en Algeciras tras el golpe de Estado

La ciudad de Algeciras figura por dos motivos entre los 167 documentos sobre el 23-F que el Gobierno de España acaba de sacar a la luz pública. La estancia del teniente general Jaime Milans del Bosch en la Huerta del General, en Pelayo, entre 1982 y 1983 no estuvo planificada, sino que se fijó como un lugar de reclusión extraordinaria y temporal del militar sentenciado para apartarlo de focos golpistas. Y la segunda alusión a la ciudad se centra en la Comandancia de la Guardia Civil, donde tres policías locales entregaron sus armas el mismo día del golpe, poco después de que el entonces alcalde, Francisco Esteban (PCE), se las reclamara por motivos de seguridad.

Para ubicar al teniente general en Algeciras hay que remitirse hasta el 3 de junio de 1982, cuando el Consejo Supremo de Justicia Militar publicó la sentencia contra los golpistas. El tribunal impuso a Milans del Bosch una pena de 30 años de prisión. Apenas unos días antes, el 31 de mayo, el capitán general de la 1ª Región Militar, con sede en Madrid, Ricardo Arozarena Girón, firmó una carta que tenía hasta ahora la calificación de "documento reservado" y que figura en la carpeta 21802.

El mando militar trasladaba en esa misiva a quien era ministro de Defensa, Alberto Oliart, una "propuesta de distribución del personal implicado en el proceso del 23-F, distribuible en dos fases" en previsión del fallo que iba a darse a conocer en los días siguientes. La primera distribución "sería conveniente realizarla antes de la comunicación de las sentencias", escribió Arozarena. Y la segunda "ya para un periodo más largo, posteriormente, en espera de la resolución del posible recurso y, por lo tanto, de que las sentencias sean firmes".

Según estos documentos, Milans del Bosch esperaría el fallo judicial en la "sala A" de la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) mientras que su segundo destino iba a ser, según la recomendación del mando militar al ministro, la prisión de Naval de Carranza, en El Ferrol (La Coruña). Pese a estas previsiones, el teniente general golpista acabó siendo trasladado a la Huerta del General, en Algeciras, el 4 de octubre de 1982. Un movimiento inesperado que estaría motivado para alejar al militar de lugares en los que se estaría conspirando para una posible segunda intentona en vísperas del 28 de octubre, jornada de elecciones generales, según indicaron medios de comunicación en aquellas fechas.

Durante su estancia en Algeciras, Milans del Bosch llegó a quejarse de "incomunicación", ya que tenía limitadas las visitas. Solo podían verle su abogado y sus familiares directos. En un escrito que trasladó a la Capitanía General de Sevilla en noviembre de 1982 confesaba no saber quién había decretado su incomunicación actual.

Milans del Bosch permaneció en la Huerta del General hasta mediados de 1983. Durante estos meses en la comarca estuvo vigilado y escoltado por un grupo de militares al mando del entonces comandante Galindo. Para más seguridad y para evitar una posible fuga del complejo, el lugar fue protegido con alambrada y una fuerte vigilancia. Durante esta etapa de reclusión, solo abandonó durante unos días lo que algunos medios denominaron como "chalé prisión de Algeciras" para asistir el 13 de febrero de 1983 al funeral de su padre, en Madrid. La también conocida como Casa del Comandante tuvo otros usos militares con anterioridad.

El capitán general de la primera región militar, en su carta al ministro sobre distribución de implicados en el 23-F, llegó también a barajar el castillo de Santa Catalina, en Cádiz, como un lugar de reclusión para los golpistas. Santa Catalina podría haber llegado a sustituir al Castillo de San Fernando, en Figueras. Arozarena tenía algunas dudas sobre la seguridad que podría ofrecer el establecimiento de Figueras, tal y como consta en la carta que encabeza el documento ahora desclasificado.

Las armas de la policía local

La Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras informó a la Dirección General de la Benemérita, en la misma noche del 23 de febrero de 1981, mediante un telegrama, que tres policías locales se habían personado en sus dependencias para entregar sus armas reglamentarias "voluntariamente". Los agentes, acompañados por otros dos policías locales, comunicaron a la Guardia Civil que acudían con autorización del subjefe de la Policía Local algecireña, después de que el entonces alcalde, Francisco Esteban, les ordenara que entregaran las armas adjudicadas.

"Participados dichos extremos al Gobernador Civil, dicha autoridad expuso se pondría en contacto con el alcalde, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de lo tratado", terminaba el telegrama de la Guardia Civil, que figura entre los télex interiores y de agencias recopilados por la Dirección General durante la noche del 23-F.

Francisco Esteban ha contado en diferentes oportunidades esta incidencia que se produjo en dependencias municipales. El propio alcalde mantuvo cerca una pequeña pistola durante la noche y madrugada, mientras esperaba la resolución de la intentona golpista en el interior del Ayuntamiento, junto a un grupo de concejales y personas afines. Esa pistola es uno de los objetos depositados en el espacio de documentación que alberga su legado en la biblioteca de la Universidad de Cádiz (UCA).

"No sé si era por inconsciencia, pero hablábamos mucho y habíamos oído lo de los trabajadores en Chile, con lo de Allende, y nos sentíamos fuertes. Tanto es así que nos juramentamos que vivos no nos sacaban si prosperaba el golpe", declaró en una entrevista concedida a Europa Sur con motivo de la inauguración de su espacio en la UCA.