La delegación del Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha cuestionado la necesidad de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras, tras la reciente publicación de Informe anual 2020 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo Español, que evidencia que durante 2019, tan solo 173 personas extranjeras fueron ingresadas y repatriadas desde el CIE de Algeciras, el 4,6% del total de personas repatriadas de todo el estado (3.758).

"Aún más absurda", plantea la organización, fue su existencia durante 2020, año de la pandemia, cuando fueron expulsadas 13 personas desde el CIE de Algeciras, solo un 1,05% de las repatriadas de todos los CIE españoles (1.244).

A juicio de Apdha Campo de Gibraltar, los datos ponen de relieve "la inutilidad, incongruencia e inhumanidad" de los CIE frente al derroche presupuestario que suponen, puesto que "se invierten millones de euros en tener en funcionamiento los CIE, así como las políticas represivas contra la inmigración, cuando hay otras alternativas menos costosas y más humanas".

La construcción del nuevo CIE de Algeciras supondrá un coste sin IVA de 21 millones de euros, a lo que habrá que añadir los gastos de funcionamiento, incluyendo los recursos humanos. Sin olvidar, recuerda la Apdha, el millón de euros gastado durante 2020, en reformas exigidas por la juez de control para el viejo CIE de Algeciras. "Desde el punto de vista económico es todo un despilfarro, por no hablar de lo inhumano que es tener privadas de libertad a personas que no han cometido ningún delito", critican desde la delegación.

Así lo indicaba el Defensor del Pueblo en su informe de 2019, donde explicaba que "los CIE son instalaciones de carácter no penitenciario donde se internan a personas extranjeras en situación irregular por un período máximo de 60 días. Las personas internadas no han cometido un delito, sino una falta administrativa".

La organización en el Campo de Gibraltar aclara que los CIE "son, en la práctica, cárceles para migrantes, lugares donde se priva de libertad a personas que no han cometido delito alguno, que tienen constantes denuncias por vulneración de los derechos humanos". Además, en el caso de Algeciras, explica, se añade la circunstancia de que el antiguo CIE era la vieja prisión de Algeciras, y el nuevo CIE se está construyendo junto al actual Centro Penitenciario de Botafuegos, "criminalizando aún más a las personas internas", puntualiza.

Lamenta la Apdha, que esta realidad desvela que "el Gobierno actual sigue la misma política que el anterior y que no es otro que mandar un mensaje a las personas migrantes que quieren venir, de que les espera una cárcel, para después devolverlas a sus países de origen. Una apuesta por la represión de la inmigración". Por último, explica que un porcentaje altísimo de las expulsiones se realizan a más de 500 kilómetros de Algeciras, bien sea por vía aérea o marítima desde Alicante.