El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) la celebración del contrato para la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras.

Se trata de una obra prevista en el Plan de Actuación en Infraestructuras de los Centros de Internamiento de Extranjeros que el Consejo de Ministros aprobó el 18 de enero de 2019, y se encuadra en el objetivo de dicho plan de "construir infraestructuras de nueva planta que reúnan las condiciones idóneas" para que estos CIE "respondan adecuadamente a su función, mejorando sus condiciones".

"Sin menoscabo de la seguridad de la que deben disponer estos centros, el nuevo modelo permitirá una mejora sustancial de la calidad de vida y los servicios y prestaciones que reciben las personas ingresadas en ellos", se lee en la referencia del Consejo de Ministros, donde se detalla que el presupuesto base de licitación, sin IVA, asciende a 21.003.071,39 euros y la adjudicación del contrato se tramitará mediante procedimiento abierto.

Recreación del nuevo CIE de Algeciras.

La autorización es preceptiva conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el valor estimado del contrato superior a los 12 millones de euros.

La coordinadora CIE no, movimiento que aglutina a una veintena de entidades sociales y sindicales, ha presentado este martes escritos dirigidos a las diferentes administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, así como al presidente y vicepresidente del Gobierno, en los que reclama la eliminación de la partida para la construcción del nuevo CIE. 

Al margen de este proyecto, el Gobierno prepara la antigua cárcel de La Piñera, en Algeciras, para reabrirla en breve de nuevo como CIE. Ha invertido 737.620 euros en una profunda reforma que comenzó al principio del verano y que está próxima a concluir. 

El nuevo CIE  de Algeciras contará con 500 plazas, ­205 menos de las previstas inicialmente, y se edificará sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados que se encuentra junto a la carretera CA-9208, un terreno junto a la cárcel de Botafuegos que fue cedido por el Ayuntamiento de la ciudad en mayo de 2017, pero sobre el que hasta el momento no se había realizado ninguna actuación.

El complejo, según el proyecto presentado en 2018, contará con ocho edificios residenciales con el objetivo de poder distribuir a los extranjeros por sexo, procedencia, nacionalidad y religión. Desapareceránlas habitaciones comunales que ahora son habituales en los CIE para dar paso a estancias de dos personas, cada una con su baño (otra reivindicación antigua). Habrá espacios destinados a los servicios sociales y ONG, zona para visitas y entrevistas con los abogados y sala de juegos.