Satisfacción por el traslado del caso Body Factory a la Audiencia Nacional

La operación Madeja, que juzga un complejo entramado de pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos por parte de la empresa Fitonovo en la que el incluye el caso de la construcción del complejo deportivo Body Factory en el paraje de El Calvario de Algeciras y por el que están imputados dos exalcaldes y tres técnicos municipales, pasará a ser juzgado por la Audiencia Nacional, al inhibirse la juez Alaya en un auto que se conoció en la mañana de ayer. Los abogados de los imputados consultados por Europa Sur, manifestaron su "satisfacción" por dicho traslado a pesar de la dilación que dicho traslado traerá consigo.

Manuel Morenete, letrado que defiende los intereses del exalcalde de Algeciras, Diego Sánchez Rull aseguró que "en principio, aunque aún no hemos recibido el auto de manera directa, lo que nos afecta es que habrá que desplazarse a Madrid" y aunque es consciente de la dilación que sufrirá el procedimiento que será asignado a un Juzgado de Instrucción central de la Audiencia Nacional una vez que se acepte la inhibición de la jueza sevillana, sí quiso expresar su satisfacción porque sea "otro juzgado el que lleve la instrucción del mismo, ya que me da la impresión de que a mi defendido le irá mucho mejor en un sitio donde no tenga la carga que tiene en Sevilla".

El letrado expuso también su convencimiento que en lo relativo a Diego Sánchez Rull y al resto de los imputados en Algeciras, "la cosa va a salir bien, estoy absolutamente convencido de ello, ya que, como ya expresé en su momento, no veo razones objetivas para mantener la imputación". Con la inhibición de Alaya, "vamos a gozar de una mayor imparcialidad y objetividad a la hora de encarar la instrucción del caso".

En parecidos términos y aunque también quiso dejar claro que no había recibido el auto de inhibición, se pronunció Fernando Viñas, abogado que defiende al excoordinador del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras, otro de los imputados en el caso. "Creo sinceramente que el caso está demasiado viciado en origen, por lo que me parece bien, en principio, la inhibición en favor de la Audiencia Nacional". Asimismo, coincidió en que uno de los aspectos negativos de la misma será "la dilación que se va a producir, ya que el magistrado al que le caiga en suerte el procedimiento, además de los imputados en Algeciras, tendrá que leerse un sumario con hasta 88 personas imputadas más".

A ninguno de ellos sorprendió la decisión adoptada por la juez sevillana, ya que el pasado mes de febrero la Fiscalía había solicitado dicho traslado por la enorme complejidad del entramado formado por la empresa Fitonovo.

Fueron los responsables de la misma, según la instrucción llevada a cabo por Alaya, quienes pagaron mordidas en Algeciras a cambio de la adjudicación de la construcción del complejo deportivo Body Factory, hasta un total superior a los 279.000 euros destinadas a pagar "comisiones al partido en el gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, en aquel momento al PSOE, o al alcalde Tomás Herrera Hormigo o al delegado de Contratación y Urbanismo, Diego Sánchez Rull".

La juez cuestiona la veracidad de los informes emitidos y formados por los técnicos que en ese momento trabajaban para el Ayuntamiento de Algeciras. Así, además del citado Javier Malla, la magistrada imputó también al ingeniero José Álvarez Ruiz y al arquitecto Guillermo Alberola, responsables de los informes que condujeron a la decisión de la mesa de contratación del consistorio algecireño que decidió otorgárselo a Body Factory, participada por Fitonovo (empresa cuyas actividades centran el sumario de la Operación Enredadera) en una decisión que se cuestiona y que ahora deberá decidirse en un juzgado por determinar en la Audiencia Nacional en Madrid.