Vía Augusta
Alberto Grimaldi
Anatomía de un bostezo
La situación de la Administración de Justicia es absolutamente caótica y particularmente en Andalucía, ruinosa. Así define el juez decano del partido judicial algecireño, Jesús Manuel Madroñal Navarro, el panorama actual.
Para el titular del Juzgado de Instrucción número dos, hay un sistema del siglo XIX para una sociedad de siglo XXI. “Esto supone que el trabajo se ha multiplicado de una manera ingente sin más medios personales y materiales y que los jueces estemos trabajando horas que no deberíamos que además robamos a nuestras familias injustificadamente”, asevera. Como no hay una respuesta a esta situación, el próximo jueves día 8 el juez decano del partido judicial que comprende Algeciras, Los Barrios y Tarifa, secundará la huelga para mostrar a la sociedad que la situación es desesperante.
Como decano reconoce que los jueces se sienten humillados por la administración. Siempre pone el mismo ejemplo. “Si vamos a cualquier Delegación de la Junta o de la Administración del Estado y entramos en el edificio observamos que hay cámaras de vigilancia, un arco de seguridad, que hay vigilantes jurados que controlan a las personas que acceden y qué llevan, oficinas modernas y un sistema informático que permite una tramitación rápida de los expedientes”, asegura sin obviar que aquí no existe nada de eso.
Sostiene que un funcionario no puede ir a notificar sin taxi a Tahivilla pero tampoco a Getares o El Rinconcillo porque necesitaría tres autobuses. Madroñal entiende que no puede permitirse que un funcionario se lleve toda la santa mañana para una notificación. “Es una auténtica locura. Es otra humillación más. No tiene sentido eliminar los taxis. De por sí es impracticable la solución de los autobuses pero es que ni siquiera se han repartido bonos. Esto es de risa”, lamenta.
Con menos medios, más colapso judicial. De hecho, hay más de 200 actuaciones entre embargos y lanzamientos que no se han practicado por falta de taxis en el partido judicial de Algeciras. Madroñal es consecuente al ejemplificar que si un arrendatario no paga en tres años, el arrendador inicia un procedimiento judicial que tarda año y medio, se está gastando el dinero de su bolsillo para pagar a un abogado y procurador y cuando ya ha logrado una sentencia, se inicia la ejecución y el arrendatario agota todos los plazos, “llega el día en que vamos a ir a lanzarlo y no se puede porque no hay taxi”.
Según el juez decano, esto tiene que saberlo el ciudadano. “Si ya existen problemas endémicos que no tienen relación con la crisis, ahora todo se multiplica”, alerta Madroñal.
Pero hay más dificultades. Desde el 1 de agosto, se ha sumado la falta de depósitos judiciales. “Empresas que han invertido en un servicio que prestan a la administración pero ésta no les paga”, desvela. Para el titular del Instrucción dos, esto resulta impracticable. Algeciras genera cada día decenas de vehículos intervenidos. Es frontera con África. Y gran parte de los coches que pasan por aquí son robados en toda Europa. “Lo que no puede hacer una comunidad autónoma es asumir unas competencias que no puede sufragar. Es el colmo del despropósito”, opina.
El juez decano advierte que no hay dinero y que no se lo está inventando. “El propio delegado de Justicia me comunicó en su visita a Algeciras que no hay dinero para nada. Ni para taxis, ni para abogados de oficio ni para sedes judiciales”, enumera.
A pesar de este panorama, las guardias en Algeciras funcionan muy bien. Jesús Madroñal defiende de hecho que los funcionarios son extraordinarios. “Somos de los pocos partidos judiciales en España que con el número de detenidos, que en verano se alcanzan los 50 o 60 diarios, el juzgado de guardia salvo excepciones finaliza sus actuaciones a mediodía”, sostiene. Por supuesto, el juez hace hincapié en que el juicio rápido es la piedra angular del proceso penal. “Si no fuera por eso Algeciras sería insostenible y yo particularmente no estaría aquí”, insinúa.
Las guardias aquí pueden ser muy superiores a capitales como Sevilla o Málaga. Sin embargo, en la Ley de Retribuciones Algeciras está en el último puesto, en el último grupo de ciudades servida por magistrados. “Algeciras no puede ser apetecible para jueces, fiscales ni funcionarios. A pesar de la carga de trabajo por ser ciudad fronteriza esto no está reconocido laboralmente. ¡Qué demonios estamos haciendo aquí!”, pregunta mientras acto seguido se responde así mismo con un revelador “porque nos encanta nuestro trabajo y nos parece un sitio estupendo para vivir”. “Con dos puertos y sólo el de Algeciras genera un paso de cinco millones de personas y tres millones de vehículos, es incomprensible que con estas cifras Algeciras esté por detrás de Cádiz o Jerez”, advierte.
En definitiva para Madroñal, es el ciudadano el que resulta perjudicado. A colación echa mano de los datos para demostrar que la ratio en España es de 10 jueces por cada 100.000 habitantes. “Es la mitad del nivel europeo que está en 20 jueces. Estamos al nivel de Croacia, Azerbaiyán, Malta o Turquía. La justicia interina es todavía amplísima y esto no se puede consentir. Tenemos los jueces que dejar de denunciar cuál es la situación. El problema es que siempre hemos estado callados y asumiendo cada vez más trabajo. Aumentan los procedimientos y los delitos pero no los funcionarios, los jueces ni los fiscales”, argumenta.
Otro problema al que se enfrenta la Justicia en Algeciras es que el próximo día 29 de diciembre entrará en funcionamiento el Juzgado de lo Contencioso número dos. Un nuevo juzgado al que hay que buscarle una ubicación y dotarlo de medios. “Me consta que la Junta ha querido hacer una operación para unir varias jurisdicciones: la Audiencia Provincial, Menores y Contencioso. Pero no sé si lo va a conseguir o si el nuevo juzgado irá solo a otro sitio”, dice.
Desde luego, la disgregación de los edificios supone otro handicap para la Justicia en Algeciras. Al hilo, el juez decano admite que en Algeciras hay un avance importante por el solar de la Ciudad de la Justicia que está a nombre de la Junta. Pero, siempre hay un pero. Madroñal duda de que entre en funcionamiento en diez o doce años. No obstante, reconoce que la situación de las sedes no está mal. “El Palacio de Justicia está decente y las demás sedes también. Menores sí está muy mal ubicada en un piso destinado a vivienda y en una zona céntrica donde no deben acudir menores con una problemática social importante. Debería cambiar cuanto antes”, defiende.
Madroñal es partidario de volver a las tasas judiciales porque hoy día se denuncia todo hasta lo más inverosímil. “Yo he tenido a una persona que denunciaba a un fantasma”, atestigua.
Sin embargo, confiesa que tiene esperanza. “Estos problemas no se pueden solucionar ni en un año ni en dos. Tiene que haber una disponibilidad del Poder Ejecutivo y Legislativo y es imprescindible un Pacto de Estado serio para la modernización de la justicia”, explica mientras un funcionario le trae un taco de papeles para que firme de su puño y letra. Nada de firma digitalizada. “Espero que alguien se dé cuenta de que la carrera judicial requiere una dignidad”, sentencia.
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