El complejo caso Escalinata parece estar próximo a cerrar una de sus vertientes judiciales. El Ayuntamiento de Algeciras y Nautagest, la concesionaria del parking, han llegado a un acuerdo para el pago de la sentencia pendiente a favor de la empresa, el saldo de los impuestos y tasas adeudados, y con el compromiso de cesar todas las acciones legales en torno al proceso de construcción, concesión y explotación del parking.

El Consistorio abonará 7 millones de euros a la empresa en concepto de ejecución de la sentencia que le condenaba al pago de 7,4 millones más intereses como indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la resolución de la concesión del parking, forzada para una instalación cuyo proyecto había quedado anulado judicialmente. El Ayuntamiento había recurrido la sentencia sin lograr revocarla y estaba ahora a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación, pero finalmente ha decidido no seguir adelante con el procedimiento ante la posibilidad de que la factura creciese aún más con los intereses y las costas judiciales en caso de que la casación no fuera admitida.

El acuerdo, que será sometido este miércoles a la aprobación del Pleno y al que ha tenido acceso Europa Sur, tiene varias estipulaciones. La principal, el pago de la suma que supondrá la ejecución de la sentencia en contra del Ayuntamiento y el cierre de los litigios con Nautagest. La empresa condona los intereses y se limita a reclamar el pago de los 7,4 millones de euros de principal. De esa cantidad se detraerán las deudas pendientes que Nautagest tenía en concepto de canon por la concesión (282.325,44 euros, el 50% por orden judicial)y por IBI, tasa de basura industrial y entrada de vehículos (93.219.20 euros). Con ellas, el pago se quedará en 7.028.924,78 euros.

La empresa, por su parte, cede libre de cargas al Consistorio la parcela de 331 metros cuadrados de su propiedad y sobre la que se construyó parte del parking La Escalinata, facilitando de esa manera la obligada ejecución del derribo. Este sigue pendiente de que el TSJA determine si el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Algeciras para una demolición parcial es suficiente.

Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento acepta a desistir del recurso de casación y también del recurso de apelación interpuesto contra el auto que acuerda la ejecución provisional de la sentencia. Nautagest había solicitado esta ejecución, es decir, el pago de los 7,4 millones de euros mientras se resolvía la casación y la juez la había autorizado previo pago de una fianza de 250.000 euros. La posibilidad de tener que abonar esa cantidad de inmediato ha sido una de las razones que ha empujado al Consistorio a cerrar el pacto. La empresa se compromete ahora a instar el desestimiento de esta decisión judicial.

Además, ambas partes solicitarán que no recaiga en la otra la condena en costas por estos desestimientos y que se declare la firmeza de la sentencia que condena al Ayuntamiento. Esta firmeza es imprescindible; de esta forma, el Ayuntamiento podrá incluir la sentencia dentro del mecanismo estatal del Fondo de Ordenación, que le permitirá obtener un préstamo a bajo interés para hacer frente al pago del acuerdo (una de las funciones de este fondo de ayudas a las entidades locales es el pago de sentencias).

El pacto prevé una serie de estipulaciones sobre posibles incumplimientos y las repercusiones que estos tendrían: la vuelta a los tribunales, el cargo de los intereses de demora o incluso una compensación por parte de Nautagest. El pago deberá realizarse antes del 31 de mayo de este año.

Una vez cumplido, el pacto dará por cerrado el conflicto entre empresa y administración local. Así lo estipula el texto acordado: las partes reconocen no adeudarse más nada entre ellas y en consecuencia "no podrán reclamarse ni ejercitar acciones de repetición por ningún otro concepto o cuantía derivado o relacionado, directa o indirectamente, con la construcción, explotación y/o resolución de la concesión administrativa del parking La Escalinata”, ni por indemnizaciones por daños ocasionados a terceros de cualquier naturaleza que, de existir, quedan en todo caso compensados en este acto".

Por tanto, se da también por resuelto el pago del acuerdo alcanzado con los propietarios del edificio Escalinata de Murillo, a los que el Ayuntamiento abonó 1,26 millones de euros en concepto de gastos generados por el desalojo del edificio, aunque este importe no se menciona en el pacto. El Consistorio pagó también con cargo al fondo de ordenación esta cantidad, aunque los tribunales dictaminaron que la responsabilidad era solidaria con Nautagest. Entonces se argumentó que este pago era un adelanto para después saldar deudas con la empresa. Según fuentes municipales, también quedaría resuelta la liquidación de la hipoteca que Nautagest contrató sobre la concesión.

La concejal delegada de Hacienda, María Solanes, considera el pacto alcanzado como el más satisfactorio para los intereses municipales. Explica que la empresa Nautagest, después de haber interrumpido las negociaciones, tomó la iniciativa de contactar con el Ayuntamiento y ofrecer un acuerdo. Los responsables municipal, con asesores técnicos, comenzaron un proceso que ha concluido con un pacto que el equipo de Gobierno considera beneficioso para la economía de la ciudad.

“Nos hemos enfrentado a un asunto muy complejo y traumático de más de dos décadas sin que, hasta ahora, haya sido posible lograr un acuerdo que no tensione las arcas municipales”, ha declarado Solanes, añadiendo que “la opinión pública podría pensar que, algo menos de 7 millones de euros es una cuantía muy elevada pero, como hemos sido previsores, su pago ya está previsto, a través del Fondo de Ordenación”.

En la toma de esa decisión ha pesado el riesgo de que la deuda siguiera elevándose. Nautagest había pedido ya la ejecución de la sentencia, algo que implicaría el pago de esos 7,4 millones de euros más intereses de forma inmediata y sin poder acogerse al Fondo de Ordenación, puesto que la sentencia, recurrida en el Supremo, no sería firme. Además, en el caso de seguir adelante con la casación, según las estimaciones realizadas por los técnicos del Ayuntamiento, el Supremo podría tardar en resolver unos cuatro años, lo que elevaría notablemente los intereses a pagar si el fallo fuese desfavorable.

Así, según los cálculos realizados, en este caso (fallo en contra en 2025) el importe a pagar por el Consistorio hubiera sido de más de 10 millones de euros. Pero aunque el fallo hubiera sido favorable, el Ayuntamiento todavía hubiera debido pagar la indemnización en concepto de daño emergente (esta ya firme) y sus intereses, más de 4 millones de euros. Para entonces tampoco habría certeza de que existieran los fondos de ordenación, remarcan los informes técnicos sobre el pacto. 

“Hemos tendido la mano a los grupos políticos para que, al igual que hicieron con la decisión de cerrar el parking, apoyen esta decisión sin fisuras porque no se trata de los intereses partidistas por muy legítimos que sean, sino cerrar de una vez por todas un asunto tan lastimoso para todos”, remarca Solanes. El equipo de Gobierno "ha asumido con total transparencia la responsabilidad pública que le ha tocado librar en beneficio del interés general”.