LA Línea tiene su mayor fábrica de empleo en Gibraltar, pero su alcalde ha decidido cerrarla. Aunque es consciente de que no podrá lograrlo, porque no tiene competencias para ello, por el momento se esfuerza en provocar un expediente de regulación, a través de un peaje a sus visitantes, con el que espera resolver la bancarrota municipal.

Es un viejo recurso de los malos gobernantes inventarse un enemigo exterior, traspasar a otros los problemas y la responsabilidad. Marruecos está en estos momentos dando un cursillo acelerado sobre esta técnica, por lo demás ya vieja y depurada por todas las dictaduras y sus dictadores.

Como no pueden pagar la nómina ni hacer frente a los gastos de los servicios, la solución es fácil: que lo paguen otros: el Gobierno de España, la Junta, la Diputación o los visitantes de Gibraltar. Asumir la responsabilidad del gobierno municipal sería sacar adelante proyectos que pusieran en valor el potencial que ofrecen más de dos millones de visitantes, en el ámbito del turismo, el comercio y los servicios. En lugar de aprovechar el recurso económico que representan, el alcalde y su equipo de gobierno quieren echarlos, disuadirlos de que vengan.

La existencia de una colonia en Europa es un arcaísmo histórico que se mantiene en el tiempo en razón de la posición geoestratégica del enclave, que se ha mantenido bajo tutela británica como un ejemplo más de su virtuosismo en materia exterior y en la defensa de sus intereses internacionales. España no puede ni debe renunciar a avanzar en la recuperación de su integridad territorial. La soberanía es irrenunciable, pero no puede bloquear las soluciones prácticas a los problemas comunes que padecen las poblaciones a ambos lados de la Verja.

Este planteamiento ha sido reivindicado desde hace mucho tiempo por los socialistas y puesto en valor a través de un Foro de Diálogo que ha permitido abordar asuntos de gran interés público como la revalorización de las pensiones, el uso conjunto del aeropuerto y la mejora de las comunicaciones. Queda mucha tarea y las conversaciones deben continuar para abordar otras cuestiones como los problemas fiscales y ambientales y la seguridad. Las autoridades de Gibraltar deben ser conscientes de que el diálogo es como montar en bicicleta (si pedaleas, avanzas y no te caes), si acordamos asuntos de interés común, profundizaremos en la política de buena vecindad y mejoraremos las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Si se empantanan las conversaciones volveremos a los discursos y soflamas que sólo buscan el enfrentamiento, el agravio comparativo y la manipulación política de los sentimientos identitarios.

La falta de legitimidad democrática y su debilidad internacional condujo al franquismo a un discurso de patriotismo de salón en el que Gibraltar no dejó de ser recurso para desviar la atención interna ante problemas políticos y sociales. Los dirigentes del PP, tan nostálgicos del régimen en tantos temas, han rescatado la vieja estrategia a pesar de que ha sido Aznar el que ha ido más lejos al plantear la cosoberanía.

La Línea y Marbella han sufrido la desgracia de un alcalde procedente del GIL y acogido por el PP que las ha conducido a la bancarrota y la degradación en todos los sentidos. La justicia ha expulsado a Juárez de la política, aunque con excesiva lentitud y retraso, debido a las estrategias de una defensa jurídica obstruccionista y dilatoria, orientada a alargar al máximo los numerosos sumarios, algunos de los cuales superan ya los diez años de tramitación sin que se hayan producido sentencias firmes.

Los gobiernos del GIL-PP, de los que ha formado parte el actual alcalde y de cuyas actuaciones es por tanto corresponsable, han sido denunciados y están imputados por numerosas irregularidades administrativas y delitos ante los tribunales de justicias, que deberán depurar las responsabilidades jurídicas correspondientes.

Los ciudadanos deberán depurar las responsabilidades políticas de unos representantes que se han señalado por las contrataciones irregulares de personas próximas, por el despilfarro de los recursos públicos, por la dilapidación del patrimonio municipal en el que no quedan parcelas e inmuebles que no hayan malvendido para pagar gastos corrientes.

El alcalde y los gobiernos municipales del GIL-PP son responsables de haber liquidado la herencia patrimonial recibida de anteriores corporaciones socialistas y además han hipotecado el futuro del municipio y de sus habitantes a través de convenios que afectan a todo el término municipal y cuyas plusvalías urbanísticas ya han sido cobradas y gastadas. Liquidada la herencia e hipotecado el futuro, sólo un enemigo exterior puede ser el sucedáneo para distraer al personal. En eso están. ¿Por cuánto tiempo?