El proyecto de VPO de Extramuros en Tarifa se tambalea y crece el temor a perder millones de euros de fondos europeos
La plataforma ciudadana 'Tarifa no se vende' denuncia que la demolición de la antigua Escuela del Congo dejó sin sede a asociaciones sanitarias y advierte de que el retraso en las obras hace casi imposible cumplir los plazos exigidos
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La promesa de nuevas viviendas protegidas en el entorno de Extramuros, en Tarifa, empieza a resquebrajarse entre retrasos y malestar ciudadano. Lo que fue presentado como una oportunidad histórica para facilitar el acceso a una vivienda digna a decenas de familias podría convertirse, según denuncian colectivos vecinales, en un proyecto condenado por la mala planificación y el incumplimiento de los plazos.
La plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha hecho pública una dura crítica a la gestión municipal del proyecto de Viviendas de Protección Oficial (VPO) previsto en la zona del antiguo matadero, donde está planteada la construcción de hasta 59 viviendas protegidas en una primera fase. El colectivo sostiene que la ejecución de las obras llega tarde y que la ciudad ha pagado ya un precio demasiado alto por un proyecto cuyo futuro consideran incierto.
Uno de los episodios que ha desatado mayor indignación fue la demolición de la antigua Escuela del Congo, un espacio que durante años había servido como sede para varias asociaciones de salud del municipio. Según denuncia la plataforma, el desalojo y derribo del edificio se realizó “de prisa y corriendo” a finales de diciembre, dejando sin espacio a personas enfermas y a los voluntarios que prestaban allí su labor.
El argumento oficial era la urgencia de liberar el terreno para iniciar las obras de las viviendas protegidas. Sin embargo, desde la plataforma sostienen que la realidad del proyecto desmiente esa premura. “Se destruyó un servicio que funcionaba para levantar una promesa que hoy no tiene garantías de cumplirse”, lamentan desde el colectivo.
Un calendario que no cuadra
La principal preocupación gira en torno a los plazos vinculados a la financiación europea. Parte del proyecto depende de los fondos Next Generation, que obligan a cumplir un calendario muy exigente.
Según expone Tarifa no se vende, el movimiento de tierras comenzó realmente en la última semana de diciembre de 2025, lo que hace prácticamente imposible —afirman— completar la estructura y los acabados de las 59 viviendas antes de junio de 2026, fecha límite marcada inicialmente por el programa europeo.
Incluso en el caso de que prosperara una posible prórroga de 18 meses que se debate en el Parlamento Europeo, la plataforma considera que el margen seguiría siendo insuficiente para garantizar la finalización del proyecto, especialmente teniendo en cuenta las exigencias técnicas de sostenibilidad y eficiencia energética que deben cumplir las promociones financiadas con estos fondos.
Críticas a la gestión municipal
La plataforma sostiene que el retraso no responde a factores imprevistos, sino a una planificación deficiente desde el inicio. En su comunicado critican que el equipo de gobierno haya recurrido repetidamente a argumentos como la climatología o los trámites administrativos para justificar la demora.
A su juicio, esas explicaciones funcionan como “cortinas de humo” para ocultar una gestión que comenzó tarde y que ahora intenta acelerarse a base de anuncios y fotografías institucionales en el solar donde se levantará la promoción.
“El tiempo de las promesas ya pasó”, aseguran desde el colectivo, que teme que la pérdida de la financiación europea termine convirtiéndose en un coste que recaiga finalmente sobre las arcas municipales.
Exigencias de la plataforma
Ante esta situación, Tarifa no se vende reclama al Ayuntamiento que cumpla el compromiso adquirido con las asociaciones desalojadas de la antigua Escuela del Congo y que asuma responsabilidades por lo que consideran una priorización del “escaparate político” sobre las necesidades reales de la ciudadanía.
El colectivo insiste en que Tarifa necesita urgentemente vivienda asequible, pero advierte de que ese objetivo no puede alcanzarse a costa de “decisiones precipitadas” ni de proyectos que, en su opinión, corren el riesgo de convertirse en otro ejemplo de “promesas incumplidas”.
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