La Justicia condena al Ayuntamiento de Tarifa a indemnizar a su primer teniente de alcalde con 35.000 euros por daños morales

Tarifa/El Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras ha fallado a favor de Jorge Benítez en su demanda contra el Ayuntamiento de Tarifa, al que condena a pagarle 35.000 euros en concepto de daños morales.

La sentencia, fechada el 7 de febrero, considera que el Consistorio es responsable del perjuicio sufrido por Benítez, quien en 2015 era policía local en el municipio y quedó incapacitado permanentemente tras un episodio de coacciones protagonizado por el entonces alcalde, Juan Andrés Gil (PP).

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Sur, destaca que el Ayuntamiento "no cumplió con su deber de prevención de riesgos laborales" para la Policía Local. En el caso de Benítez, se considera que no se tomaron medidas para evitar los “riesgos psicosociales” derivados de un enfrentamiento con un superior, lo que, según la sentencia, “desencadenó en el actor la reacción psíquica que sufrió”.

La resolución judicial reduce la cantidad inicial reclamada por el demandante, que ascendía a 75.000 euros, pero le da la razón en una batalla legal que se ha prolongado durante casi una década.

Una larga lucha en los tribunales

Los hechos se remontan al 5 de enero de 2015, cuando Benítez, entonces agente de la Policía Local, sancionó un vehículo mal estacionado perteneciente al concejal de Turismo, José Antonio Santos, hoy alcalde de Tarifa y socio de gobierno de Benítez en Nuevos Aires Tarifa (NAT).

La multa derivó en una discusión con Santos en el lugar de los hechos y, posteriormente, en otro altercado con Juan Andrés Gil, quien según la denuncia de Benítez le exigió de manera intimidatoria que retirase la sanción.

Aquellos enfrentamientos marcaron el inicio de un calvario para el agente, que sufrió represalias en forma de dos expedientes disciplinarios abiertos por el entonces alcalde. Poco después, su salud se resintió hasta el punto de causar baja médica. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) terminó por reconocerle la incapacidad permanente, que le fue concedida en 2021, derivada de un accidente de trabajo y no de una enfermedad común, como inicialmente se había determinado.

En paralelo, Benítez logró que la Justicia condenara a Juan Andrés Gil en 2021 a un año y ocho meses de prisión y diez años de inhabilitación para cargo público por un delito de coacciones. La sentencia del Juzgado de lo Penal de Algeciras consideró probados los intentos del exalcalde de presionar al agente para que anulara la multa, así como la persecución posterior que sufrió.

La responsabilidad del Ayuntamiento

El fallo del Juzgado de lo Social subraya que el Ayuntamiento de Tarifa incumplió sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales. La resolución judicial recuerda que el Consistorio no contaba con un plan de prevención que pudiera haber evitado o, al menos, mitigado el daño sufrido por el agente, lo que contribuyó a la situación de indefensión en la que quedó tras el episodio de coacciones.

La ausencia de medidas de protección, sumada a la presión sufrida por Benítez, derivó en un trastorno de ansiedad que, según los informes médicos, limitó de forma irreversible su capacidad para ejercer como policía.

La resolución también destaca que el Ayuntamiento de Tarifa no estaba al corriente de los pagos por cotizaciones a la Seguridad Social en el momento de los hechos, lo que refuerza la responsabilidad del Consistorio en el perjuicio sufrido por el demandante.

Benítez señala a los responsables y apela a la ley

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado esta nueva sentencia que vuelve a condenar al Ayuntamiento por omisión en materia de prevención de riesgos laborales. Con esta, ya son tres las resoluciones que señalan la falta de actuación del Consistorio tarifeño en ese ámbito.

En la sentencia se menciona expresamente el cargo actual de Jorge Benítez como concejal delegado de Seguridad, dejando claro que no existe ningún tipo de conflicto de intereses en el procedimiento.

Benítez ha subrayado a esta redacción que no pretende que el Ayuntamiento asuma el pago de las indemnizaciones, sino que sean los responsables quienes lo hagan.

En ese sentido, señala a otro alcalde, a Francisco Ruiz Giráldez (PSOE), sucesor de Juan Andrés Gil. "Los hechos enjuiciados tuvieron lugar en enero de 2015 y Ruiz Giráldez entró en el gobierno municipal tras las elecciones municipales de mayo de ese año, con el caso aún candente, y no hizo absolutamente nada", apunta Benítez. Este apunta que el hoy concejal socialista en la oposición era entonces "máximo responsable de personal" y que, junto al responsable de recursos humanos y al técnico en prevención de riesgos laborales, "no hizo absolutamente nada por evitar todo lo ocurrido".

Para fundamentar su reclamación, Benítez se ampara en el artículo 36 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este artículo establece que los particulares deben exigir la responsabilidad patrimonial directamente a la Administración y que, una vez indemnizados los afectados, la propia Administración debe reclamar de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en la que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves. La norma también estipula que para exigir dicha responsabilidad se deben ponderar criterios como el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional de los implicados.

Hoy, Jorge Benítez está jubilado de la Policía Local y recibe ingresos mínimos del Ayuntamiento de Tarifa, limitados a las dietas por asistencia a plenos y a las juntas de gobierno local.

Su salto a la política en 2023 como líder de Nuevos Aires Tarifa le ha llevado a ocupar la primera tenencia de Alcaldía en coalición con el Partido Popular, en un gobierno encabezado por Santos, el mismo concejal al que sancionó en 2015.