Una investidura rápida, adoptar cuanto antes las decisiones más duras, explicarlas bien y aplicar una agenda social potente. Estos son los objetivos que se ha marcado la dirección socialista para las próximas semanas. Aupados por el optimismo de una sesión de apertura del Congreso que les salió mejor de lo esperado, dos fuentes coinciden en esta hoja de ruta. Pedro Sánchez intentará presentarse a la investidura en los últimos días de agosto o primeros de septiembre, tendrá que ver cómo amolda una amnistía para los procesados independentistas a la legislación española y retomará la agenda social de la pasada legislatura. ¿Tan pronto? Tanto, porque el objetivo del presidente, en funciones en estos momentos, es acabar cuanto antes con la "incertidumbre".

La incertidumbre es la decisión del Rey. Felipe VI comienza mañana lunes la ronda de consultas para designar a un candidato a la investidura. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tiene el grupo mayoritario, ganó las elecciones por voto popular, pero le faltan apoyos para conseguir más síes que noes en la investidura. 171 ó 172, según el estado cuántico que adopte Coalición Canaria, pero insuficientes frente a los 178 noes que obtendría en esa sesión. Los llamamientos al PNV no causan efecto, sólo les falta formular la invitación en euskera y ya hay voces en el PP que acusan a Feijóo de estar envuelto en una "ficción".

La demanda más complicada de Junts es la amnistía, la del referéndum está descartada

Pedro Sánchez tampoco tiene esa mayoría amarrada, pero la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso indica que Carles Puigdemont, fugado de la justicia en Waterloo, va a aprovechar esa ventana de oportunidad. Con esa cifra, con los 178 de la mallorquina, se presentará Sánchez en la Zarzuela el próximo martes. Los socialistas prevén que un posible acuerdo con Junts y ERC pasa por lo que llaman "desjudicialización" de Cataluña, pero no por una consulta de independencia. Es decir, por una ley orgánica que contemple la extinción de los delitos cometidos como consecuencia del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la desobediencia posterior de algunos de los encausados.

El PSOE respira optimismo, aunque hay una desconfianza de base hacia Puigdemont, un líder muy peculiar, con una agenda propia y, a veces, distinta de la de Junts, el viejo partido de lo ex convergentes donde han sido laminados todos los moderados. Esta misma semana, a pocas horas de que votasen a Armengol, desde algunos medios catalanes de los más hiperventilados se apostaba por no inmiscuirse en ningún asunto de la "metrópolis" con el argumento de que ninguna independencia se ha logrado con compromisos con el supuesto Estado opresor. 

La investidura, no obstante, pasa por el Rey. Alberto Núñez Feijóo ha logrado reconducir sus relaciones con Vox después del fiasco de la elección de Cuca Gamarra como presidenta del Congreso, pero siguen faltándole votos. Feijóo no se aparta, quiere intentarlo, reclama su puesto en las elecciones del 23 de julio. Algunos consultados no descartan que Felipe VI vuelva a entrevistarse con los líderes después de las consultas del lunes y el martes si no estuviese claro su solución al dilema.

Pero en esta decisión cuenta mucho la presidenta del Congreso, y de su primera visita al Rey, la del pasado viernes, que en teoría sólo era una presentación, regresó con un calendario acelerado. En sólo tres días, del viernes al lunes, comenzarían las consultas.

La versión más optimista dentro del PSOE coloca la sesión en la última semana de agosto, que incluye el primero de septiembre. La otra opción es la segunda de septiembre, la del 4 al 10, pero para eso es imprescindible que el Rey encargue el acuerdo a Sánchez y que los aliados independentistas no jueguen a la demora y a la presión. 

Si Sánchez lograse la investidura, le espera una legislatura aún más complicada que la anterior, ya que el PP tiene la mayoría absoluta en el Senado y cuenta con todo el poder territorial de las autonomías. El Senado, presidido por el popular Pedro Rollán, tiene una capacidad de veto relativa sobre las leyes del Congreso, por cuanto basta con esperar dos meses para levantar el rechazo de la Cámara alta. Es un asunto de tiempos, excepto en un caso, el de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los objetivos de estabilidad están suspendidos en estos momentos, lo que da margen para sortear al Senado en caso de tramitar el Presupuesto de 2024

La ley del PGE viene precedida de una aprobación del techo de gasto, que sólo compete al Gobierno, y de unos objetivos de estabilidad que sí tienen que ser validados en el Congreso y en el Senado. El artículo 15.6 de la ley que rige la estabilidad financiera del Estado marca que son las dos Cámaras legislativas las que aprueban a la vez esos objetivos, por lo que en eso caso no cabe la devolución al Congreso para ser aprobados.

Esto puede complicar mucho la legislatura. No obstante, en estos momentos están suspendidos los objetivos de déficit y de deuda por un acuerdo de la Comisión Europea como consecuencia de la pandemia. El artículo 135 de la Constitución, reformado durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, deja en manos del Congreso la posibilidad de suspender los objetivos por causas mayores, que es lo que se hizo tras obtener de Bruselas el visto bueno para la flexibilización fiscal.

La próxima reunión del Ecofin es en otoño, donde se decidirá si regresa a la imposición de criterios de défict, que parece que sí, aunque es posible que se adecuen a las realidades de cada país. De esto va a depender, en buena medida, que el Gobierno apueste por un Presupuesto para 2024 o que prorrogue los actuales y se centre en los de 2025.