El Poder Judicial respalda el informe sobre la primera ley integral contra la violencia vicaria y propone ajustes técnicos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad su informe sobre el anteproyecto de ley de violencia vicaria, en el que avala el enfoque general del texto impulsado por el Gobierno, aunque plantea ajustes y precisiones técnicas en varios de sus artículos. El informe, elaborado por las magistradas Lucía Avilés Palacios y Esther Rojo Beltrán, analiza el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre, llamado a convertirse en la primera ley integral sobre la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra los hijos o descendientes de mujeres víctimas de violencia machista.

Caso Bretón

Entre las principales novedades, el texto incorpora al Código Penal un nuevo delito que tipifica la violencia vicaria como un atentado contra la integridad moral de las mujeres, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años. Además, introduce una pena accesoria que prohíbe a los agresores difundir públicamente detalles de sus crímenes, con el objetivo de evitar situaciones como la generada tras la publicación del libro El odio, relacionado con el caso de José Bretón.

No obstante, el CGPJ considera necesario delimitar con mayor precisión esta prohibición de difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos vinculados al delito, al entender que su redacción actual es “semánticamente muy abarcativa” y podría suponer una restricción excesiva de las libertades comunicativas. En la misma línea, recomienda acotar los supuestos relativos a la “facilitación de estos contenidos a terceros”. Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces sugiere concretar en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que el sujeto pasivo de la medida cautelar de prohibición de difusión sea expresamente el inculpado.

Respalda la suspensión o exclusión del régimen de visitas

El informe también propone mejoras técnicas en la redacción del nuevo tipo penal para dotarlo de mayor precisión jurídica y analiza las modificaciones en el ámbito civil, especialmente las relativas a la guarda y custodia. En este sentido, respalda la suspensión o exclusión del régimen de visitas cuando exista un “riesgo objetivo” para la vida o la integridad física o psíquica del menor, subrayando que esta protección debe prevalecer sobre los derechos derivados de la patria potestad.

Sobre la escucha de los menores, el CGPJ ve conveniente introducir garantías adicionales cuando su opinión sea trasladada a través de representantes legales, de modo que se asegure que su voluntad se transmite fielmente y que la autoridad judicial pueda valorar la capacitación de quienes actúan como intermediarios. Por último, el informe plantea dudas sobre el alcance de la formación especializada y periódica prevista para magistrados suplentes y jueces sustitutos en materia de violencia de género, violencia vicaria y violencias sexuales, al no concretarse si debe extenderse a todos los nombrados o solo a quienes ejerzan en órganos con competencias específicas.

El anteproyecto de ley orgánica ha sido impulsado por el Ministerio de Igualdad, con la participación de los departamentos de Justicia y de Juventud e Infancia.