San Roque El proyecto de fondo de barril de Cepsa afronta sus últimos trámites

  • El plan industrial llega al Ayuntamiento de San Roque para los últimos procedimientos urbanísticos

  • Tiene varios procesos de información pública por delante y un expediente sancionador abierto

Vista nocturna de la refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa Vista nocturna de la refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa

Vista nocturna de la refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa

Corría el año 2010 cuando el Pleno del Ayuntamiento de San Roque aprobaba de forma provisional una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio que permitiría a Cepsa el uso de una parte de sus terrenos para una ampliación de su actividad industrial. Desde entonces, la petroquímica ha venido realizando trámites para lograr una expansión que con el paso de los años se convertiría en el proyecto de fondo de barril, la inversión de casi 1.000 millones de euros para generar destilados medios bajos en azufre de mayor calidad. Ahora, tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada, ese plan vuelve al punto de partida, el Consistorio sanroqueño. Pero todavía le queda camino por recorrer: la aprobación del proyecto de reparcelación, un estudio de detalle y el proyecto de urbanización. Con sus correspondientes procedimientos de información pública.

Son los últimos pasos para ejecutar un proyecto que según fuentes de la empresa, y a pesar de las dificultades, sigue en pie. El procedimiento municipal se ha iniciado ya. Hace unos días se dio luz verde a la aprobación inicial del proyecto de reparcelación del suelo que ocupará la nueva instalación industrial, que llevará su trámite de alegaciones. Una vez aprobado este, será el momento del estudio de detalle. Y después, el proyecto de urbanización, que se quiere sacar adelante junto a la licencia de obras. Una serie de trámites que promete otra espera de largos meses.

“Los plazos serán los que marca la legislación”, advierte el alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix. Hace unas semanas, en un pleno de la Diputación Provincial, el PP acusó al Ayuntamiento de “estar retrasando la concesión de licencias municipales desde hace meses cuando se trata de un proyecto con un impacto importante tanto en términos de inversión como en empleo”. Algo que rechaza el regidor: “El Ayuntamiento inició la tramitación que le corresponde en enero, cuando el fondo de barril obtuvo la Autorización Ambiental Integrada. San Roque no se va a hacer responsable de los retrasos que haya habido anteriormente, porque la Declaración de Impacto Ambiental ha requerido un tiempo elevado y la AAI, otro”. Ruiz Boix critica que “llevamos años escuchando el argumento interesado desde el ámbito político o empresarial de que el Ayuntamiento tiene paralizado el proyecto y no es así. Nosotros nos limitamos a acatar la legislación existente, así que aquellos que busquen responsables que miren para otro lado”.

El retraso en la tramitación del proyecto de fondo de barril se ha convertido en una letanía en el Campo de Gibraltar. El proceso urbanístico comenzó mucho antes de la tramitación del proyecto industrial, con esa petición de cambio de uso de suelo en 2010. Desde entonces hasta la aprobación definitiva de la modificación del PGOU pasaron cuatro años en los que se fueron recibiendo informes de distintas administraciones. En agosto de 2012 se aprobó provisionalmente y se añadió una adenda en junio de 2013. Sin embargo, obtuvo un informe desfavorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por lo que hubo que reelaborar el documento dando respuesta a las objeciones planteadas. En 2014, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz aprobó el documento.

Esta modificación incorporaba al proceso urbanístico una superficie de suelo de 35 hectáreas, colindante con los suelos urbanos del complejo petroquímico hasta entonces clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, para absorber la demanda de ampliación de las instalaciones industriales del Grupo Cepsa; unificaba la regulación del PGOU estableciendo unas determinaciones singulares adecuadas a la naturaleza, dimensiones, condiciones de seguridad y carácter estratégico de las instalaciones industriales del complejo petroquímico; y actualizaba el Plan conforme a la norma vigente sobre seguridad industrial. El Ayuntamiento de San Roque, por su parte, obtenía 15 hectáreas para espacios libres en la ribera del arroyo Madre Vieja para su incorporación a un futuro parque fluvial.

El siguiente paso sería la modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial sobre el Área del Complejo Petroquímico del grupo Cepsa. El documento inicial se presentó en septiembre de 2017 y la aprobación definitiva llegó en noviembre de 2018.

En febrero de 2019 el Ministerio de Medio Ambiente sacaba a información pública el estudio de impacto ambiental. Y mientras se tramitaba, Cepsa inició obras de preparación de los terrenos con una licencia concedida por el Ayuntamiento de San Roque. La organización ecologista Verdemar, que ha ido alegando cada uno de los trámites del proyecto, llevó esas obras en agosto a la Fiscalía de Medio Ambiente, que abrió un expediente, iniciando un proceso judicial. Y el Ayuntamiento de San Roque acabó paralizando las obras en octubre por considerar que las actuaciones ejecutadas habían sobrepasado lo contemplado en la licencia de obras. El procedimiento sancionador, explica Ruiz Boix, sigue abierto. La compañía alegó en su momento que había comenzado los trabajos de preparación de los terrenos siguiendo las directrices del Plan Especial y de Seguridad Industrial aprobado por el Ayuntamiento de San Roque, como paso previo a las obras de urbanización de los terrenos. Y “durante la realización de dichos trabajos fue necesario por motivos de seguridad ampliar las actuaciones inicialmente previstas". 

En noviembre de ese año, Cepsa comunicó un cambio en el estudio de impacto que se tramitaba ante el Ministerio de Medio Ambiente para introducir el proyecto de obras de urbanización, lo que obligó a realizar otro trámite de información pública. Pero en abril de 2020 solicitó que se evaluase el proyecto inicial. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable llegó en octubre de 2020.

En cuanto a la AAI, la tramitación de su modificación ante la Junta de Andalucía comenzó en abril de 2018, pero se suspendió el plazo tras determinar el Ministerio de Medio Ambiente primero que no era necesaria la DIA y después que ese trámite sí era obligatorio. En abril de 2019 y con un cambio normativo en medio, la Consejería de Medio Ambiente recibió el estudio de impacto ambiental actualizado para iniciar el procedimiento de modificación de la AAI y a finales de año la Junta de Andalucía declaraba de interés estratégico el proyecto del fondo de barril. El trámite ha culminado, pandemia mediante, en enero de este 2021.

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