Un fondo de inversión de Abu Dhabi se adjudica el yate de lujo 'Samurai One', subastado en Sotogrande

El fondo de inversión Tetra Hospitality Investment, con sede en Abu Dhabi, se ha adjudicado por 3,8 millones de euros el yate de lujo Samurai One, el tercero más grande construido en España, que ha sido subastado con un precio de salida cercano a un millón de euros. La embarcación fue embargada por la deuda que su propietario mantenía por los servicios prestados en el Puerto de Sotogrande, donde ha estado atracada más de dos años.

Tetra Hospitality Investment posee activos hoteleros y administra varias propiedades de tres, cuatro y cinco estrellas en Medio Oriente y África. El Grupo se ha asociado con grupos hoteleros internacionales, entre ellos Ritz Carlton/Marriott International, para que gestionen su cartera de hoteles. La sociedad también es accionista importante de la Corporación Nacional de Turismo y Hoteles (NCT&H), una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Abu Dhabi.

La subasta finalizó con 20 interesados registrados y 49 pujas presentadas. La de la sociedad de Abu Dhabi fue la más alta.

Historia del 'Samurai One'

La construcción del Samurai One costó 15 millones de euros. De 43 metros de eslora, tiene en su haber una rocambolesca historia que se detuvo cuando en 2019 la Policía Nacional desarrolló la operación Romeo, en la que se realizaron 18 detenciones, entre ellos las de un policía nacional y de un funcionario de Vigilancia Aduanera. La embarcación era propiedad del principal encausado. Pero antes, su dueño fue el empresario ilicitano Ramón Salvador, acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, que pagó 15 millones de euros en 2007 por el que entonces era el yate de recreo más grande construido en España, privilegio que perdió a los pocos meses de su botadura.

El Samurai One cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados útiles, fabricado por el astillero MCíes (Vigo) en 2007 y diseñado por Astilleros Astondoa, en Santa Pola. Esta mansión flotante está compuesta por seis camarotes VIP, nueve cuartos de baño, tres terrazas, un jacuzzi y un amplio salón comedor.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz autorizó la venta de la embarcación por un precio de salida de 997.500 euros. La cantidad parte de la valoración oficial de 1.900.000 realizada por Astondoa, cifra que se vio reducida en 902.500 euros, precio estimado para las reparaciones necesarias para la puesta a punto de la embarcación según un perito. En ese informe se recogen múltiples desperfectos debido a que ha estado amarrado a puerto durante más de dos años.

El buque pertenecía al principal encausado en la operación Romeo, cuya fase final la desarrolló la Policía Nacional en enero de 2019 y se saldó con 18 detenciones y 24 registros, uno de ellos en el yate, en los que fueron intervenidos 5 millones de euros y 80 kilos de cocaína. Esa investigación comenzó a raíz de la incautación en el Puerto de Algeciras de un alijo con cuatro toneladas de cocaína, a resultas del cual se produjeron trece detenciones.

El entramado adquirió la embarcación en 2018 y le cambió el nombre por el de Shaqiq I, aunque no oficialmente, sino solo en la popa del barco.

Caso Brugal

Anteriormente perteneció al empresario inmobiliario Ramón Salvador, empresario ilicitano y personaje central del Caso Brugal, en el que se investigaron delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante. Salvador fue condenado a tres años de prisión acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos por el presunto amaño del PGOU de Alicante.

La prensa alicantina recoge que en el Samurai One estuvieron invitados por las costas baleares y alicantinas los jefes de Bancaja, del Banco de Valencia, la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y numerosos directivos del PP. La Audiencia Nacional investigó la relación del empresario con estas entidades bancarias, que en plena crisis del ladrillo supuestamente le compraron terrenos por un importe de 265 millones de euros con los que pudo esquivar el concurso de acreedores. En la actualidad, Hacienda le reclama una deuda de 44 millones de euros.