El Samurai One, tercer yate más grande construido en España y que en su día costó 15 millones de euros, está atracado en el Puerto de Sotogrande (San Roque) y en subasta por un precio de salida de casi un millón de euros (997.500 €). La embarcación ha sido embargada por la deuda que su propietario mantiene por los servicios prestados en este puerto deportivo, donde lleva más de dos años paralizado en unas condiciones lejos de las que tenía cuando era uno de los grandes atractivos en los puertos en los que atracaba. La subasta estará abierta desde el 2 de marzo hasta el día 22 del mismo mes.

El yate, de 43 metros de eslora, tiene en su haber una rocambolesca historia que se detuvo cuando en 2019 la Policía Nacional desarrolló la operación Romeo, en la que se realizaron 18 detenciones, entre ellos las de un policía nacional y de un funcionario de Vigilancia Aduanera. La embarcación era propiedad del principal encausado. Pero antes, su dueño fue el empresario ilicitano Ramón Salvador, acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, que pagó 15 millones de euros en 2007 por el que entonces era el yate de recreo más grande construido en España, privilegio que perdió a los pocos meses de su botadura.

El Samurai One es un yate de súper lujo de 43 metros de eslora, 8,60 metros de manga y una superficie de 1.200 metros cuadrados útiles, fabricado por el astillero MCíes (Vigo) en 2007 y diseñado por Astilleros Astondoa, en Santa Pola. Esta mansión flotante está compuesta por seis camarotes VIP, nueve cuartos de baño, tres terrazas, un jacuzzi y un amplio salón comedor.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha autorizado la venta de la embarcación por un precio de salida de 1 millón de euros. La cantidad parte de la valoración oficial de 1.900.000 realizada por Astondoa, cifra que debe verse reducida en 902.500 euros, valoración de las reparaciones necesarias para la puesta a punto de la embarcación realizada por un perito y que deberá asumirla la persona que adquiera el yate.

El buque pertenecía al principal encausado en la operación Romeo, cuya fase final la desarrolló la Policía Nacional en enero de 2019 y se saldó con 18 detenciones y 24 registros, uno de ellos en el yate, en los que fueron intervenidos 5 millones de euros y 80 kilos de cocaína. Esa investigación comenzó a raíz de la incautación en el Puerto de Algeciras de un alijo con cuatro toneladas de cocaína, a resultas del cual se produjeron trece detenciones.

El entramado adquirió la embarcación en 2018 y le cambió el nombre por el de Shaqiq I, aunque no oficialmente, sino solo en la popa del barco.

Caso Brugal

Anteriormente perteneció al empresario inmobiliario Ramón Salvador, empresario ilicitano y personaje central del Caso Brugal, en el que se investigaron delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante. Salvador fue condenado a tres años de prisión acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos por el presunto amaño del PGOU de Alicante.

La prensa alicantina recoge que en el Samurai One estuvieron invitados por las costas baleares y alicantinas los jefes de Bancaja, del Banco de Valencia, la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y numerosos directivos del PP. La Audiencia Nacional investigó la relación del empresario con estas entidades bancarias, que en plena crisis del ladrillo supuestamente le compraron terrenos por un importe de 265 millones de euros con los que pudo esquivar el concurso de acreedores. En la actualidad, Hacienda le reclama una deuda de 44 millones de euros.