La insolvencia de Irene Montero

El Tribunal Supremo confirma la chapuza jurídica que supuso la ley del ‘sólo sí es sí’ y la insolvencia de la ministra de Igualdad

Por si quedara alguna duda, el Tribunal Supremo ha confirmado en una resolución conocida el pasado miércoles el disparate jurídico que supuso la llamada ley del sólo sí es sí. El texto legislativo cuestionado por el alto tribunal, que ha marcado el paso más que polémico de Irene Montero por el Ministerio de Igualdad, ha supuesto la reducción de penas para más de un millar de condenados por delitos de abusos sexuales y la puesta en libertad de un centenar de ellos antes de lo que marcaban sus sentencias. El pleno de la Sala de lo Penal acordó rechazar los recursos de la Fiscalía contra las rebajas de penas avaladas por los tribunales inferiores, en muchos de los casos audiencias provinciales, lo que supone un aval a esas instancias judiciales, desbarata los argumentos con los que el Ministerio Público intentó remediar el desaguisado y deja en evidencia la chapuza legal que supuso la norma tal y como la aprobó el Parlamento tras ser remitida por el Consejo de Ministros. Esta última cuestión no es menor: la primera responsable de la ley es la inconsistente ministra de Igualdad, pero fue el Gobierno actuando de forma colegiada el que le dio luz verde y el Congreso el que la aprobó. Pedro Sánchez sólo se avino a rectificar y habló de “efectos indeseados” cuando se encendieron todas las alarmas y quedó en evidencia que la reducción de las condenas podría tener un alto coste electoral. Las consecuencias de la ley del sólo sí es sí marcaron un antes y un después en la imagen de un Gobierno que ya sufría un fuerte deterioro y supuso, de hecho, el fin de una coalición en la que el ala de Podemos, sobre todo las ministras Montero y Belarra, impuso una forma de actuar extremista y disparatada. El Tribunal Supremo despeja cualquier duda que quedara sobre la insolvencia jurídica de los responsables de una norma que nunca debería haber visto la luz.

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