La amnistía tropieza en Europa

La Comisión Europea considera que la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados y que ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional “no responde al interés general” por ser fruto de un pacto político que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Bruselas ha sostenido este argumento en la vista de las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso que se sigue para averiguar si durante el proceso independentista altos cargos de la Generalitat, entre ellos Carles Puigdemont, malversaron fondos públicos. Es la primera vez que los servicios jurídicos de la Comisión Europea hacen pública una valoración de la amnistía y lo hacen en términos que son insoslayables. La afirmación, sostenida también en la sentencia del Constitucional, de que la anulación de los delitos del procés respondía a un proceso de normalización política es una mera coartada para justificar la cesión a las exigencias independentistas. El hecho de que la amnistía haya tenido su primer tropiezo en Europa es enormemente significativo y coloca al Gobierno español en una situación delicada. El camino para que haya una resolución firme del TJUE sobre la malversación, algo en lo que la Comisión no toma una postura cerrada, tardará todavía bastante tiempo en completarse, pero demuestra que es muy difícil hacer que Europa acepte la amnistía como una medida inscrita en la normalidad constitucional. La pertenencia a una institución como la UE se basa en la cesión de soberanía en ámbitos institucionales, políticos y económicos. Es, por lo tanto, lógico que haya un pronunciamiento del Ejecutivo de la UE sobre una medida que podría conculcar principios básicos del Derecho comunitario. La amnistía fue el pago que hizo Sánchez a una exigencia soberanista en forma de chantaje y que, de una forma u otra, terminará volviéndose contra sus promotores y beneficiarios.