Operación de Estado

Con la perspectiva que da la década transcurrida, la operación política que conllevó la abdicación de Juan Carlos I se puede considerar un éxito. Su objetivo principal, fortalecer la Corona en su momento de mayor debilidad desde la restauración de 1975, se cumplió, aunque se asumieron muchos riesgos y algunos de los aspectos que se dejaron sin resolver condicionaron los primeros años de Felipe VI. Fue, además, la última ocasión en la que los dos grandes partidos que desde la Transición sostienen la arquitectura del sistema democrático aparcaron sus diferencias para colaborar en una cuestión de Estado que estaba por encima de sus intereses particulares. En 2014, la situación del Rey era más que delicada. A sus problemas de salud y a todo lo que rodeó el bochornoso episodio de Botsuana se unían las revelaciones sobre la implicación de Iñaki Urdangarín en casos de corrupción, por los que sería más tarde condenado, y las irregularidades fiscales del propio Juan Carlos. El prestigio de la institución estaba en caída libre y el cambio en el panorama político, con la aparición de Podemos en la extrema izquierda, dejaba ver un reforzamiento del republicanismo. La salida del Rey y su sustitución por su hijo, que tenía la edad, la preparación adecuada y el prestigio para hacerse cargo de la Jefatura del Estado, era la solución con más garantías. Es cierto que algunos aspectos quedaron sin resolver y Felipe VI se vio condicionado por ellos en el comienzo de su reinado. Pero la prudencia y la profesionalidad del nuevo Rey salvaron la situación, a pesar de las convulsiones institucionales y los desgarros personales y familiares que conllevaron algunas decisiones que se vio obligado a tomar. Hoy, Felipe VI está sólidamente instalado en el trono y su padre ha dejado de ser un problema de Estado. La Corona ha recuperado su prestigio ante los ciudadanos y no hay riesgos de inestabilidad por ese lado. Todo ello refuerza la democracia.