Zona Económica Especial

El pasado domingo este periódico publicó un trabajo muy interesante firmado por Rafa Máiquez en relación con la figura de Zona Económica Exclusiva y su posibilidad de aplicación a La Línea como medida de mitigación de los efectos de la salida de Gibraltar de la Unión Europea en el territorio vecino.

La idea parte de una propuesta de extender este especial estatuto fiscal a las ciudades de Ceuta y Melilla publicada en un informe del Observatorio de Ceuta y Melilla, entidad creada en el seno del Instituto de Seguridad y Cultura. El informe realizado por Diego Sánchez de la Cruz propone para las ciudades españolas en el norte de África la figura de Zona Especial Canaria (ZEC) como un planteamiento viable y legalmente factible, en el marco de un modelo distinto y supervisado por la Comisión Europea. Este marco que ya funciona además en otras zonas europeas permitiría, según el autor del informe, alinearse con la necesidad de ofrecer condiciones competitivas que atraigan inversiones significativas y ayuden a diversificar la economía local y acercando las cadenas de valor europeas y españolas, con la consecuente mejora de la posición estratégica de ambos territorios.

Lo verdaderamente sorprendente es que las administraciones públicas españolas, central y autonómica, no hayan propuesto desde hace tiempo la implementación de un estatuto fiscal específico y diferenciado para los territorios directamente afectados por el Brexit, en particular, para la ciudad de La Línea que reúne unas características especiales que le otorgan una especial singularidad y es altamente vulnerable a las consecuencias de los efectos del Brexit. Son muchos los años transcurridos desde el fatídico 23 de junio de 2016 cuando se celebró el referéndum que inició el proceso de salida y desde entonces se ha perdido muchísimo tiempo en declaraciones vacías de contenido real, sin siquiera haber implementado un plan de contingencias ni propuestas viables que proporcionen un marco de oportunidades para el territorio del Campo de Gibraltar, y en particular, para la ciudad de la Línea, que como hemos mencionado, presenta unas problemáticas específicas bien conocidas por los lectores.

Me ha venido molestando mucho que cuando he defendido en distintos foros la necesidad de este tratamiento diferenciado se ha alegado con cierta rapidez la imposibilidad de hacerlo por las obligaciones de aplicar un derecho uniforme en la UE. Pues bien, esto es sencillamente incierto, la verdad es que el derecho de la UE dispone de fórmulas, como la ZEE identificada por este periódico, para aplicar un régimen diferenciado cuando existan circunstancias que lo justifiquen. Ahora bien, es necesario una voluntad política del Estado para implementarlas. Esto precisamente es lo que falta en nuestro territorio.