La Unión Europea ha puesto sobre la mesa las cartas que jugará con Reino Unido en la negociación sobre el futuro de Gibraltar, un "territorio de ultramar" que ambas partes dejaron fuera del acuerdo del Brexit debido a su singularidad geográfica, jurídica y política, unida a su clara interdependencia con el Campo de Gibraltar. El objetivo es la creación de un "área de prosperidad compartida" que pasaría por la desaparición de los controles fronterizos existentes en la Verja y permitir así unas relaciones fluidas. Sin embargo, para que haya una equidad real entre las dos áreas, deben establecerse una serie de condiciones previas.

El mandato de negociación elaborado por la Comisión Europea es, sin duda alguna, un texto de máximos cuya defensa deberá ser modulada por los negociadores y los responsables políticos comunitarios para sacarlo adelante, pero no deja de ser lo que su propio nombre indica y no de forma gratuita: un mandato.

Basta una primera lectura del documento para detectar las líneas rojas fijadas en materia de fiscalidad y fronteras. Desde la perspectiva española, no falta una sola línea. Solo por ello merece un sobresaliente el trabajo desarrollado por los responsables de Exteriores, pero también por la finura con la que han introducido otros detalles que representan auténticas cargas de profundidad. Es el caso de la expedición de los visados de entrada y de los permisos de residencia a cargo de las autoridades españolas, de la vigilancia de las aguas del puerto o de la creación de un mecanismo financiero conjunto para "fomentar la cohesión".

La nivelación fiscal en todos los órdenes, para que se paguen los mismos o similares impuestos a ambos lados, y el control aduanero por parte de las autoridades españolas de forma directa -la presencia de Frontex no aparece reflejada en el texto- son dos de las condiciones que más ampollas han levantado en el lado llanito. Era esperable porque el cumplimiento de ambas conllevaría la renuncia de Gibraltar a su privilegiado estatus o, como describió Alberto Pérez de Vargas en Europa Sur, que Gibraltar "dejase de ser Gibraltar".

Fabián Picardo proclama que la CE ha quebrado el principio de acuerdo logrado por España y Reino Unido la pasada Nochevieja, pero no es así. El verdadero problema del ministro principal es que el mandato deja ver que -en el conjunto de Europa, no solo en España- la Roca es percibida como un espacio que ejerce con descaro el dumping fiscal y facilita las operaciones de miles de empresas no siempre limpias, con sedes meramente nominales en el Peñón. Con Reino Unido fuera de la UE, la colonia pierde la patente de corso. ¿Seguirán en Gibraltar las empresas de criptomonedas y las multinacionales del juego online señaladas por la UE como canales para el blanqueo de dinero? El dilema es perverso para el Peñón: si aceptase las condiciones de la UE, la permanencia de esas empresas y de otras muchas en su suelo carecería de sentido, pero si no es así y se produce un Gibrexit duro, se esfumaría el acceso de todas ellas al mercado de la UE.

El acercamiento de posiciones se presenta complejísimo y a nadie extrañaría que los contactos se prolongasen más allá de 2021 o que, por contra, terminasen de forma abrupta. Lo unico que queda fuera de duda es que asistimos al final de un periodo histórico.