Dudas jurídicas sobre el tratado de Gibraltar

Mañana termina el mes de octubre, el mes que el ministro Albares había utilizado como referencia para conocer el texto del tratado sobre el estatuto europeo de Gibraltar y seguimos sin conocer ni una línea del mismo. Sí sabemos a través de unas declaraciones del fiscal general de Gibraltar, en uno de los actos del día de Gibraltar, que el borrador del tratado tiene ya unas 250 páginas y estará dividido en siete partes, las dos principales dedicadas a la regulación de la movilidad de las personas y la de los bienes. Además, cuenta con un gran número de protocolos, anexos y soluciones administrativas e incluye la creación de grupos de trabajo para trabajar sobre las cuestiones que surjan en diversos ámbitos.

Como jurista, soy consciente de los muchos desafíos que plantea el encaje de un acuerdo político, como el hecho público el pasado junio, con el ordenamiento jurídico tanto europeo como doméstico. No es una tarea nada fácil. En consecuencia, cuando se conozca el texto se podrán analizar las múltiples cuestiones jurídicas que se presentarán.

No obstante, me voy a permitir plantear algunas dudas que se pueden presentar con la información disponible hasta la fecha. Las partes negociadoras han insistido en que el tratado solo tendrá que ser ratificado por el Reino Unido y la UE. No obstante, no parece que el tratado verse solo sobre competencias exclusivas de la Unión. Hay un buen número de materias que entran en el marco de competencias compartidas del artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (mercado interior, medio ambiente, política social, etc.), por lo que el tratado debería calificarse como tratado mixto y debería, en consecuencia, ser ratificado tanto por la UE como por cada Estado miembro. Esta vía es enormemente compleja e implica una importante dosis de incertidumbre.

En el supuesto de que el tratado tuviera que ser ratificado por España, también me surgen dudas sobre si es de aplicación el procedimiento previsto en al artículo 94.1.c) de la Constitución en cuanto que eventualmente el tratado pudiera afectar a la integridad territorial del Estado.

Esperemos que los negociadores escuchen a sus asesores jurídicos y las prisas no nos conduzcan a un escenario de posibles recursos judiciales tanto en Europa como en España que alarguen más la incertidumbre.