Del dolor y la esperanza

La tragedia ferroviaria de Adamuz nos tiene sobrecogidos a todos. No sólo por nuestra innata, por humanos, compasión hacia las víctimas y sus familias, sino también por la conciencia, siempre expresada en voz baja, de que podía habernos pasado a cualquiera de nosotros: ¿cuántos miles de andaluces habremos pasado por ese mismo punto de las vías en los últimos años?

Tras los primeros días de luto, andamos todos afanados en que se aclaren tanto las causas del accidente, como las imprescindibles responsabilidades políticas, dada su naturaleza de servicio público, y las medidas que se habrán de adoptar para que algo así no vuelva a repetirse.

Y es que en nuestro modelo de estado, el estado social y democrático de derecho, el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la exigible responsabilidad de sus gestores es una de sus piedras angulares. Es cierto que en esta crisis la actuación desarrollada tras el suceso por los responsables públicos ha sido razonablemente adecuada, salvo los tradicionales exabruptos de la extrema derecha que, por otra parte, se han convertido ya en un elemento más del triste paisaje de nuestro sistema político. Especialmente eficaz y ponderada ha sido la actuación de los responsables autonómicos de las emergencias que, al menos, algo de consuelo han podido traer al inmenso dolor por las irreparables pérdidas.

Toca ahora, como decía, investigar con toda transparencia, celeridad y eficacia causas y responsabilidades. Y siempre con el horizonte de garantizar a los ciudadanos españoles que nuestros impuestos se destinan a financiar unos servicios públicos de calidad. Esto es de aplicación no sólo a los transportes y las comunicaciones, sino al conjunto de nuestro sistema de prestaciones, y a todos los niveles administrativos. En este sentido, resulta preocupante la denuncia que ha realizado recientemente el comité comarcal de la UGT denunciando que en el Campo de Gibraltar atravesamos el peor momento de los servicios públicos: según asevera el sindicato, la sanidad, la educación, la dependencia y otros servicios esenciales se encuentran en una situación crítica. Una denuncia que afecta a todas las administraciones públicas: locales, autonómica y estatal. Es verdaderamente importante que estas críticas sean asumidas por nuestros gestores y contrastadas, que no se queden en titulares de prensa, y que se tomen las medidas correctoras oportunas. Porque es mucho lo que nos jugamos.