Los resultados del informe PISA 2022 son malos para España y pésimos para Andalucía, lo que ha sentado como un rayo. Que te digan que tus cosas van mal cuando la propaganda institucional repite que estamos que nos salimos, que no los hay más altos y guapos que los andaluces y que menos mal que hemos llegado nosotros para arreglar lo que hicieron mal los otros (da igual el orden del nosotros y de los otros), sienta regular.

Infinidad de presuntos expertos en la materia han firmado estos días otra infinidad de artículos culpando a la pandemia, a los errores de las leyes Wert y Celaá, a la injusticia del mundo y a las perversas enseñanzas privada y concertada. A lo mejor se ha insistido insuficientemente en algunas ideas, que voy a aportar para enredar más el asunto, ya que esto no hay Dios que lo solucione.

Uno, que, mientras que no se haga un pacto de Estado que permita enfocar la reforma educativa con perspectiva de dos décadas y sacarla de la infame confrontación política que nos consume, esto no tendrá posible arreglo.

Dos, que, mientras pretendan seguir engañándonos con el maquillaje de cifras de mejora de la ratio (relación de número de alumnos por profesor), no podremos avanzar.

Tres, que, mientras se tarde dos semanas en sustituir una baja en cualquier centro sostenido con fondos públicos, los raquíticos refuerzos post-Covid no servirán para nada: los maestros que tenían que estar reforzando aulas o reduciendo ratios están cubriendo bajas para que no haya que mandar a los críos a casa. Y si coinciden, como es lo habitual en estas fechas, varios profes enfermos, se echa mano de quien haya, sean maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de desdoble de grupos para desarrollar los planes aprobados por los consejos escolares o de encargados de funciones directivas. Todo esto con el 10% del alumnado censado como de necesidades educativas especiales.

Cuatro, que, mientras se mantenga este panorama, los docentes difícilmente podrán estar atendiendo la inmensa carga burocrática que se les viene endosando desde hace tiempo para justificar documentalmente que aquí no suspende nadie y que el fracaso escolar ya no existe.

Cinco, que la culpa no es de la evaluación por competencias, sino que hay que compaginarla con todo lo anterior y salir vivos de inspecciones, desprestigio social creciente y grupos de wasap de padres.

En resumen, que resolver estos problemas de base cuesta un dinero que no tenemos. Exactamente igual que ocurre con la sanidad pública, que sigue en caída libre mientras las consejerías y los ministerios se jactan de lo contrario, mintiendo como bellacos sus responsables todo el puñetero día.