Una de las noticias más destacadas de esta Semana de Pasión tan atípica ha sido el anuncio de que sobre los suelos de la clausurada central de carbón de Los Barrios se plantea un proyecto industrial vinculado a las energías verdes. La empresa EDP, que adquirió la vieja térmica a Viesgo, se ha sumado al denominado Acuerdo para una Transición Justa, con el que el Gobierno -con el impulso decidido de la UE a escala continental- quiere que España se convierta en 2050 un país climáticamente neutro, es decir, con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Tomando como base las registradas en 1990, la agenda de este Green Deal -un guiño al New Deal de Roosevelt- anticipa una rebaja obligada de dichas emisiones no inferior al 55% para 2030. Sin duda alguna, vamos ya tarde.

Todo ello se enmarca en la estrategia aprobada el año pasado por los 27 para afrontar la implantación de un nuevo modelo económico que deje de pivotar únicamente sobre el beneficio económico. Suena pretencioso o a ejercicio de bonhomía, pero la UE parece haber comprendido que sin una cohesión social real y sin un respeto estricto por el medio ambiente no será posible construir la Europa del futuro y, para ello, ha comprometido medidas que movilizarán 100.000 millones de euros en el período 2021-2024.

Todos estos cambios, llevados al terreno y a una comarca con un gran polo industrial como es el Campo de Gibraltar, tendrán en ella un impacto enorme en la década presente y siguientes. Los usos verdes de los terrenos de la térmica barreña constituyen un reto enorme: no nos podemos permitir el lujo de dejar ociosos unos suelos con una ubicación privilegiada al pie de la Bahía de Algeciras, con todo lo que ello supone en términos de creación de riqueza y empleo. Pero eso será solo una parte del conjunto. Otras empresas, caso de Cepsa o Acerinox, ya están dando pasos para el desarrollo y uso en sus procesos productivos de energías renovables, ya sea la fotovoltáica o el llamado hidrógeno verde, y en ese camino necesitan de la complicidad de todas las administraciones, empezando por los gobiernos de España y de Andalucía y terminando por los ayuntamientos, sin excusas, con procedimientos administrativos más ágiles y sin dobleces en la toma de decisiones.

Es evidente que toda instalación industrial y/o energética ha comportado siempre una serie de servidumbres y de impactos en el medio ambiente; de lo que se trata justo ahora es de ajustarse a ese nuevo modelo, de apoyar los cambios inminentes y de favorecer la implantación de procesos productivos más acordes con la sostenibilidad.