En el turbulento siglo XIX español los cambios de gobierno eran continuos. En esa enloquecida alternancia, una de las primeras medidas que solía tomar el partido que accedía al poder era expulsar a todos los empleados que habían trabajado para los anteriores gobernantes. A esa purga del cuerpo administrativo se le denominaba cesantía. Tal manera de proceder resultaba extremadamente perjudicial para el buen gobierno de la nación ya que semejante trasiego en los despachos hacía imposible que los llegasen a ocupar gentes expertas y acostumbradas al ejercicio de la función pública y propiciaba un descarado clientelismo que hacia del funcionario un servidor del gobernante antes que del Estado. Fue D. Antonio Maura quien en 1918 acabó con esta suerte de "turnismo burocrático" al instaurar la independencia de la Función Pública creando un cuerpo de funcionarios de carrera que mediante unas oposiciones accedían a un puesto de trabajo vitalicio que, al menos en teoría, garantizaba una cierta autonomía del gremio administrativo respecto a quien ocupase el poder.

En los años ochenta la llegada del estado de las autonomías supuso la abolición, de facto, de las sensatas directrices marcadas por D. Antonio para el funcionamiento administrativo del país. El nacimiento de 17 microestados posibilitó una tan numerosa como artificiosa demanda de funcionarios públicos al objeto de hacer realidad la publicitada milonga de: "acercar la administración al ciudadano". Aquí, en Andalucía, los socialistas ocupan el poder desde hace 36 años y una de las claves de tan singular longevidad reside precisamente en el hecho de que desde el principio utilizaron la administración autonómica como arma eficaz para crear un tejido clientelar que les asegurase su permanencia en el poder. Hordas de personas con nula capacitación laboral y cuyo único mérito consistía en hallarse vinculadas de algún modo al partido encontraron un excelente acomodo al albur de los presupuestos de la Junta. De estos "afortunados" trabajadores dependen, a su vez, parientes y allegados que, no tienen más remedio, que hacer causa común con el "enchufado" de turno y traducir su lealtad en cientos de miles (tal vez, millones) de votos que han garantizado -hasta ahora- a los socialistas el suficiente respaldo (democrático) para poder dirigir Andalucía como si fuese su cortijo. En 2011 el presidente J. A. Griñán impulsó la ley de reordenación del sector público integrando en la Administración autonómica a más de 20.000 empleados del entramado de empresas publicas (fue conocida como la "ley del enchufismo"). Tal despropósito de "blindar" a quienes fueron colocados a dedo y sin proceso alguno de selección fue muy criticado por los verdaderos empleados públicos. Ojalá los andaluces veamos por fin a los tiempos del caciquismo tornarse en tiempos de cesantías.