El PP de Algeciras presenta una moción para debatir en el Pleno municipal contra la previsible Ley de Amnistía que se aprobará en las Cortes Generales a cambio del voto de los diputados separatistas a la investidura de Pedro Sánchez. Solo puedo mostrar mi acuerdo y mi apoyo a dicha moción. Dice el texto de la misma: “La ley de amnistía que pretende aprobar el sanchismo significa negar los hechos ocurridos en 2017, la malversación y la sedición, será una cesión irreparable a los separatistas”. Lo dicho, suscribo plenamente la propuesta, como ciudadano de a pie.

Pero el mismo argumento podría aplicárselo el equipo de gobierno algecireño respecto del reciente nombramiento como personal funcionario de confianza de una antigua compañera del mismo equipo, condenada judicialmente a 21 meses de prisión en dos instancias y por la comisión de varios delitos.

Así, el gobierno municipal justifica el nombramiento afirmando que los hechos ilícitos se han realizado en la esfera privada. Pero no debemos obviar que se trata de delitos de naturaleza pública, según el Código Penal, no privados, y que fueron también objeto de acusación por el Ministerio Fiscal. El nicho de confianza queda con ello absolutamente en entredicho. Y tampoco es dable decir que la gestión profesional municipal anterior fue correcta, lo cual es cuestionable e irrelevante.

La nombrada había manifestado en determinados foros que iba a dar a conocer actuaciones cuestionables del gobierno del que formó parte, aunque nunca lo hizo sin saberse el motivo. Tal conducta amenazante en redes sociales lo hace todo aún más inentendible. O no, ya que como dice la moción que antes referí, parece que el nombramiento es una cesión injustificable a la que cometió un delito, blanqueándola. En Madrid por La Moncloa y aquí por no se sabe qué.

Al menos en lo público, por supuesto, no se trata de una persona confiable, cualidad esencial para ser nombrada. Y más que ello denota una clara falta de exigencia moral y ética por quien propone y acuerda su nombramiento; e incluso un velado desprecio a los tribunales de justicia. Más aún a la propia víctima del delito, que lo padeció por el simple hecho de hacer su dignísimo trabajo de letrado defensor del ex marido de la designada.

Saber en quién confiar es fundamental. También lo es la confianza que ha de generar un cargo público. Lo sucedido esta semana en Algeciras no ayuda a reforzarla, sino todo lo contrario.