La UE y Reino Unido retomarán este mes las negociaciones en torno al encaje de Gibraltar en la Europa de los 27, aunque las esperanzas de que se llegue a un acuerdo final son tan escasas como las existentes cuando se iniciaron los contactos formales, allá por octubre pasado. La conformación de un área de prosperidad compartida, sin Verja alguna, entre el Campo de Gibraltar y el Peñón para poner fin a los desequilibrios históricos que separan ambos territorios requiere mucho más que la voluntad y el optimismo de los políticos. Ni hubo acuerdo antes del 31 de diciembre pasado, como se predijo, y a nadie le extrañaría que superásemos el primer trimestre de 2022 con el statu quo actual aún vigente. Los avances que se han dado hasta el momento son de relativa importancia y los debates sobre los asuntos más candentes siguen encallados.

El mandato para la negociación aprobado por la UE situó el listón a la altura del momento histórico al que asistimos. En 1986 y en lo tocante a la colonia británica, España comulgó con ruedas de molino para entrar en la entonces CEE; las tornas han cambiado hoy porque es Gibraltar el que está fuera del club y pide un pase de acceso especial a este, pero, a diferencia de lo ocurrido hace 36 años, ya no tiene una posición de fuerza. Cuestiones como los controles de fronteras y aduanero, la concesión de visados, la igualación de los impuestos (adiós a la duty free gibraltareña), la aplicación de la normativa de la UE en materia medioambiental (lo que afectaría a los rellenos realizados sobre las aguas en litigio) o la aceptación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como órgano encargado de dirimir las posibles desavenencias son mucho más que meros obstáculos. Cuesta pensar que una de las dos partes dé su brazo a torcer en algunos de esos temas, por no hablar del uso conjunto del aeropuerto o del insatisfecho deseo de las autoridades llanitas para que sus empresas de servicios (también las de criptomonedas) puedan operar en la UE. "It takes two to tango", alertó hace un año Arancha González Laya, entonces ministra de Asuntos Exteriores. A día de hoy y aunque el bandoneón ha comenzado a sonar, da la impresión de que los bailarines siguen cada cual a lo suyo, sin arrimarse sobre el escenario.

Conviene relativizar, en cualquier caso, los problemas y los mensajes agoreros -promovidos en buena medida desde el Peñón, a fin de meter presión al Gobierno español- entre otras cosas porque los derechos de los trabajadores transfronterizos quedan salvaguardados por el acuerdo de retirada de Reino Unido y el Memorándum sobre Ciudadanía firmado por los ejecutivos español y británico no caduca. En cuanto al paso por la Verja, hay consenso a uno y otro lado para que el tránsito se mantenga fluido con los pertinentes controles, tan laxos en la actualidad como antes del Gibrexit.

Ello no obsta para que tanto el Gobierno español como el de la Junta de Andalucía se preparen para afrontar un posible escenario sin acuerdo y se anticipen al impacto directo que esta circunstancia tendría en la economía del Campo de Gibraltar. Tiempo están teniendo de sobra para elaborar un Plan B con inversiones acordes a las necesidades de la comarca y su posición como frontera sur.