El incidente que tuvo lugar hace una semana en una playa de Gibraltar cuando dos funcionarios españoles del SVA fueron agredidos con piedras por un grupo de contrabandistas, resultando heridos de diversa consideración, ha sido extraordinariamente grave y tiene una importancia significativa, pero, por otra parte, en mi opinión, nos pone de manifiesto la existencia de graves errores tanto por el lado gibraltareño como por el lado español.

Es, como señalaba anteriormente, un hecho extraordinariamente grave en cuanto que ha revelado como se utiliza una violencia extrema contra las fuerzas de orden público y hay que ponerlo en contexto con otros graves incidentes en la comarca. En consecuencia, cuando se alcanza estos umbrales inaceptables de violencia las administraciones públicas deberían replantear las condiciones de ejercicio de la función pública revisando si existen efectivos suficientes, si el material es adecuado y adaptado las necesidades de protección y eficacia que las fuerzas del orden necesitan y si sus condiciones económicas, laborales y administrativas están en consonancia con el riesgo existente.

Es también un incidente grave en cuanto ha sucedido en un momento en el que las negociaciones sobre el nuevo estatuto europeo de Gibraltar no han logrado cerrar un acuerdo en un tiempo razonable por lo que empiezan a surgir dudas. En precisamente en este momento cuando debería existir un marco de relaciones basado en la buena fe, la cooperación leal entre los Estados y un espíritu de reciprocidad en la situación de interinidad.

Y ciertamente, en mi opinión esto ha fallado. Se han generado dudas razonables sobre la efectividad de la represión del contrabando en Gibraltar cuando uno de los objetivos es la eliminación de la frontera y la existencia de reglas de juego equitativas y justas que destierren estas prácticas tan dañinas para el territorio y sociedad. También le ha faltado al Gobierno de Gibraltar una actitud más empática ante servidores públicos que han arriesgado sus vidas al señalar en primer lugar la violación de su soberanía.

Del lado español, falta por conocer los detalles de la operación y los motivos por los que los agentes públicos españoles se encontraban fuera de territorio nacional (aunque parecen existir condicionantes climáticos), y si se habían coordinado adecuadamente con los agentes gibraltareñas y británicos al entrar en sus aguas. La respuesta del ministro Albares fue ciertamente desafortunada al insistir que eran aguas españolas. Dejando al lado la manifiesta debilidad jurídica de la posición, cuanto menos son aguas en controversia y se debería haber centrado el enfoque en la necesaria colaboración y cooperación entre administraciones públicas en la represión de comportamientos ilícitos.