Dotaciones ocultas

Millones de euros de dinero público municipal se han gastado sin justificar su uso. Y no es cuestión de señalar a uno u otro partido, ya que todos han levantado gustosamente y en común, este lucrativo muro de opacidad.

Las dotaciones municipales del Ayuntamiento de Algeciras a los grupos políticos abonadas en el mandato pasado supusieron una cifra de casi millón y medio de euros. Durante las anteriores, nos encontramos con cifras similares.

No se equivoquen que dicha suma no sirve para pagar a los 27 asesores de confianza designados a dedo, que eso supone otros casi tres millones de euros de los presupuestos municipales, cada mandato cuatrianual.

Sumen y luego resoplen.

Por supuesto, la Ley establece un uso determinado y tasado de tales asignaciones a los grupos políticos y obliga a los partidos a elaborar la correspondiente contabilidad. Pero al contrario de lo que sucede en otros muchísimos ayuntamientos de España, el de Algeciras no obliga a presentar tales cuentas y los justificantes de gasto. Así su Reglamento Orgánico solo prevé que se hayan de presentar cuando el Pleno municipal así lo decida, lo cual no se ha considerado oportuno; por lo menos por el momento. Incluso tal regulación podría contradecir la doctrina del Tribunal de Cuentas, que establece la necesaria exigibilidad de la acreditación del destino dado a la dotación.

En otros consistorios incluso se publica la relación de gastos, los movimientos de la cuenta bancaria correspondiente y las certificaciones oportunas en un claro ejercicio de transparencia, así como el informe de la Intervención Municipal validando o cuestionando el uso dado a tal dinero público. Pero es que en Algeciras no es que no se publique, sino que ni siquiera hay una obligación reglamentaria de presentar tales cuentas para que sean intervenidas.

No se puede despreciar al ciudadano al que tanto le cuesta pagar regularmente sus impuestos, y más cuando todos conocemos tantas carencias que tiene la ciudad en materias esenciales como limpieza, seguridad, asfaltado o infraestructuras, y que no se pueden remediar adecuadamente por la precaria situación financiera municipal.

La falta de transparencia no puede ser mayor. Y más cuando se está hablando de dinero público y de cargos electos, sea cual sea el signo político. Tampoco parece que a día de hoy ningún grupo haya instado la reforma de dicha normativa local para que todos conozcamos en que se gasta nuestro dinero. Si al pleno municipal le parece que el ciudadano no tiene derecho a conocer tal información, por lo menos que así se nos diga y acabamos antes.