El espacio natural protegido de Doñana es un ejemplo en teoría de regulaciones y coexistencia de obligaciones jurídicas tanto de derecho internacional, de derecho de la Unión Europea y de normas internas españolas, de nivel estatal y autonómicas. Digo en teoría porque en la práctica, a pesar de esa concurrencia de normas, estamos asistiendo a la degradación continua y de forma acelerada de uno de los espacios naturales más valiosos de toda Europa.

Los factores de esta degradación son múltiples y complejos, pero destaca fundamentalmente uno, la gestión del agua. Parece evidente para todos (salvo para la Junta de Andalucía, por supuesto) que Doñana se seca, su estado es desolador, habiendo perdido más de la mitad de sus humedales acompañado de la desaparición de un buen número de especies.

Los científicos de la Estación Biológica de Doñana denunciaron el pasado lunes el "insostenible punto crítico" en el que se encuentra el espacio natural protegido. En un contexto de significativa reducción de lluvias motivada por el cambio climático, la proliferación sin control de pozos y perforaciones ilegales para riego han hecho que el acuífero del que se nutre Doñana esté en el punto más bajo de su historia, sin apenas capacidad de regeneración. En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España mediante sentencia que concluye que las "extracciones desmesuradas de agua subterránea" en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho europeo, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats (asunto C-559/19, Comisión contra España).

Ante esta catástrofe ecológica, la respuesta de la Junta de Andalucía no puede ser más desoladora. Ayer miércoles se inició la tramitación de una ley que pretende regularizar los regadíos ilegales. La defensa de esta norma es enormemente triste para todos los andaluces ya que se recurre a un incalificable cinismo, arrogancia, desconocimiento científico y prepotencia por las fuerzas políticas que la defienden. Se premia a los incumplidores, además de darles falsas promesas porque simplemente no habrá agua para estas ampliaciones que se prevén. Por otra parte, la imagen de los productos agrícolas andaluces en general y del entorno de Doñana en particular, sufrirá muchísimo en los estrictos mercados europeos con exigentes consumidores altamente sensibilizados con la protección medioambiental ya que quedarán vinculadas a unos comportamientos irresponsables en la gestión del agua y gravemente atentatorios a la protección medioambiental.

No olvidemos que Doñana no es exclusivamente un patrimonio natural andaluz, su valor medioambiental transciende de nuestras fronteras y los andaluces debemos ser garantes de su mantenimiento y conservación.