Tribuna Libre

Tomás Herrera Suárez

Desde mi tendido

Tomás Herrera Sánchez. Tomás Herrera Sánchez.

Tomás Herrera Sánchez.

Dicen los expertos que, para frenar la expansión del virus Covid-19, la mejor arma es la distancia social. Desde marzo, el Gobierno español ha tomado medidas extraordinarias de gran calado social y empresarial debido a una pandemia que no ha afectado a todos los sectores por igual. A la cabeza de los más perjudicados se encuentran las empresas de hostelería, turismo, transporte o las relacionadas con la cultura, frente a un sector público que, a pesar de la disminución de ingresos tributarios, han seguido manteniendo sus condiciones económicas.

Durante los seis primeros meses, se bonificaron las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas afectadas, hubo una lluvia de prestamos (¡Ojo, hay que devolverlos!) con aval estatal y a todos los empleados se les aseguró una paga máxima de mil euros. Conforme fueron los datos epidemiológicos mejorando, se fueron permitiendo las aperturas de muchos negocios y empresas que hasta septiembre tenían compensaciones de impuestos, lo que sirvió para amortiguar los gastos fijos que se acumulaban. Conforme la llamada segunda ola fue apareciendo, las Comunidades Autónomas tomaron el mando delegado por el Gobierno y empezaron a aprobar decisiones que afectan a la capacidad de un negocio de generar dinero, desde limitar los aforos, hasta cerrar perimetralmente municipios o decretar directamente el cierre según que zonas. Eso sí, las Comunidades Autónomas no tienen potestad para reducir impuestos, como por ejemplo los seguros sociales.

Por supuesto que lo más importante debe ser salvar vidas, aunque para ello haya que emplear la misma técnica que se empleaba hace 100 años. ¿Supone esto un fracaso de la ciencia?. No lo sé, lo que sí tengo claro es que es un fracaso de nuestro Estado de Derecho ya que uno de sus cimientos es tratar a los iguales por igual y a los desiguales de forma desigual. Nuestros políticos toman decisiones que ponen en juego el patrimonio de las empresas y sus trabajadores (cuando hablamos de patrimonio hablamos de pagar el alquiler, la hipoteca, llenar la nevera o ahorrar para tener un mejor futuro). Ellos toman estas decisiones, pero sin poner en riesgo su sueldo porque si ellos estuvieran en la misma situación que están los trabajadores de las empresas a las que están limitando su capacidad de sobrevivir, hilarían más fino, las medidas serían mucho más certeras y tratarían de salvaguardar el máximo número de empleos y la supervivencia de muchas de ellas. Se les llena la boca de hablar del emprendimiento, de eslóganes baratos sobre la digitalización que ni ellos mismos saben qué es. ¿Quién no va a querer ser funcionario con esto que estamos viviendo?. Y no me entiendan mal, no estoy demonizándolos, todo lo contrario, hacen una labor imprescindible, pero las empresas y los trabajadores que están siendo machacados por las decisiones de cierres y confinamientos deberían estar igual de protegidos que están los sueldos del sector público y, por supuesto, los sueldos de sus políticos, ya que no están cerrados o con limitaciones por un asunto de riesgo y ventura empresarial, sino porque lo han decretado nuestros dirigentes.

La situación que estamos viviendo va a provocar una oleada de despidos y de quiebras. Esto va a derivar en impagos que van a afectar a todos los sectores y lejos de buscar fórmulas creativas como han buscado en otros países de Europa para no tener que subsidiar a futuro a cientos de miles de personas, en España despreciamos a quienes generan empleos dejándolos a la deriva. La fractura social que se está provocando debido a que se está dejando a su suerte a muchas personas va a hacer que la factura por la inoperancia de nuestra clase política tenga consecuencias que no me atrevo ni a enumerar.

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