El pasado 4 de mayo, el Parlamento de Andalucía, en Pleno y por unanimidad, aprobaba la proposición no de ley relativa a manifestar su posición favorable a que, con carácter urgente y prioritario, se lleve a efecto la declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES). La competencia es del Estado, por lo que la loable propuesta no pasa de ser una mera declaración de intenciones. Quizá sería de ayuda que la misma iniciativa formal ante el Senado se plantease por el Senador Landaluce.

La declaración de Especial Singularidad es el instrumento para mejorar las dotaciones económicas, los medios materiales y las condiciones laborales de los distintos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyéndose a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. La misma propuesta describe la crítica situación que viven tales cuerpos policiales, trabajando bajo condiciones máximas de hostilidad.

De hecho, se declara en la misma “el desamparo y olvido institucional que ha sufrido durante años la comarca del Campo de Gibraltar”. Desde luego, no puede haber mayor verdad, en materia de seguridad y casi en cualquier otra, y que ello se reconozca de manera unánime por el Parlamento de Andalucía es importante. Pero más lo sería que tal declaración y tales intenciones casi mitineras se tradujesen en medidas concretas, en normas jurídicas y administrativas publicadas en el BOE, con pleno respaldo presupuestario. Eso será otro cantar.

Pero mientras Madrid termina de comprender la realidad de la zona y declara la de especial singularidad, sí que hay medidas concretas que pueden ayudar a mejorar la seguridad de la zona, y que no competen al gobierno central. Quizá el ejemplo de compromiso pusiera en evidencia al Ministro del Interior.

Así, la propia Junta de Andalucía podría elevar la categoría de la presencia de su Policía Autonómica en el Campo de Gibraltar, pasando de grupo operativo a Comisaría. Eso sería un espaldarazo a la labor de estos agentes, que también velan por la Seguridad Pública en sus propias competencias.

Tampoco se entiende la eterna ralentización de las oposiciones a la Policía Local de Algeciras, que se halla bajo mínimos en número de agentes. Esta convocatoria pública, que reforzará la plantilla en más de 60 agentes, lleva celebrándose desde septiembre de 2021 y lleva meses paralizada por desconocidos desacuerdos internos con la manera de baremar de dos profesionales psicólogas, sin que hasta ahora nadie haya explicado claramente las razones.

Hechos, y no palabras.