Cacería con mascarillas

Los del sector sabían que en el entorno del Gobierno sanchista se había montado un tinglado curioso

En aquel tiempo, se dirigió Pedro Sánchez a los españoles, y dijo: “El heroísmo ahora consiste en lavarse las manos, quedarse en casa y protegerse uno para proteger a los demás”. Eso lo dijo el 13 de marzo de 2020, la víspera de la proclamación del estado de alarma. Entonces el doctor Fernando Simón afirmó que las mascarillas no eran necesarias. En la misma línea se pronunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero dos meses después, en mayo de 2020, el presidente Sánchez dijo que había que mantener “el lavado de manos, la distancia entre las personas y el uso de las mascarillas”. ¿Por qué pasaron de ser innecesarias a imprescindibles? Porque en marzo de 2020 no había mascarillas para el público.

Un mes antes, cuando salieron en televisión las imágenes de la ciudad confinada de Wuhan, donde empezó todo, se agotaron de pronto las mascarillas. Poco después, se puso en marcha un presunto fraude gigantesco. Viendo lo que se había montado en el entorno del Gobierno, viendo que había adjudicación directa, viendo las comisiones que algunos listillos pedían, algunos empresarios que trabajaban desde antes de la pandemia en el sector (y que tenían proveedores auténticos de mascarillas), decidieron venderlas a EEUU y otros países, en vez de arriesgarse a ir a la cárcel a medio plazo. Y así pasó lo que pasó. Hasta que empezaron las cacerías.

Ni que decir tiene que las primeras piezas que intentaron cazar eran del PP. En concreto, la señora Ayuso y el señor Almeida. Pero apuntaron mal y cazaron sin querer a Pablo Casado, que no tenía nada que ver en el asunto, y además iba a perder todas las elecciones. Por lo demás, en Andalucía no había nada que rascar.

En pleno descontrol, los del sector sabían que en el entorno del Gobierno sanchista se había montado un tinglado curioso. Ábalos se enredó y es el chivo expiatorio. Pero también se denunció la gestión de Salvador Illa, cuyo ministerio compró material por 313 millones de euros a empresas sin dirección conocida, sin trabajadores, que no eran del sector sanitario, pagando sobreprecios, y alguna localizada casualmente cerca de La Roca del Vallés (Barcelona), el pueblo donde fue alcalde Salvador Illa. El director general del Ingesa, que dependía del Ministerio y contrató, fue cesado. Al ministro lo devolvieron a Cataluña, donde se reconvirtió en líder del PSC.

Moraleja: para disecar, es mucho más lucido cazar un ciervo que una perdiz.

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