Del 23F al 20N (de 2025)

Me permito recomendarles una serie que me ha encantado. Se trata de Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez y basada en la magnífica y recomendable novela del mismo título de Javier Cercas. Aunque es fácil de entender que la serie carezca de los matices e intensidad del libro, la serie disecciona con gran concreción los principales personajes en torno al fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Verla permite reflexionar sobre lo extremadamente difícil que fue poner en marcha una frágil democracia en España después de la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975.

La dictadura franquista había desarrollado unos fuertes pilares sociales, administrativos y económicos sobre los que se apoyaba el régimen represivo, asfixiando cualquier aspiración de transición democrática. Importantes sectores del ejército constituían la espina dorsal de ese pilar dictatorial y dificultaron enormemente la transición democrática. Como es sabido, intentaron revertirla.

El fracaso del 23F aceleró el proceso de democratización de nuestras fuerzas armadas. No obstante, otros pilares sobre los que se apoyó el franquismo autoritario perviven con cierto poder a pesar de haber transcurrido medio siglo del fallecimiento del dictador y no aceptan una democracia que permita alternativas de poder. Por importantes sectores sociales se considera que la democracia sólo debe tener una opción de poder: la suya. Toda otra opción es fundamentalmente ilegítima y todo vale para arremeter contra ella. La voluntad popular sólo es legítima si permite el poder a los que por naturaleza les corresponde.

Este pasado 20 de noviembre hemos visto tristemente que parte de estos sectores están dispuestos todavía a atacar los cimientos de la democracia española utilizando sin pudor ni vergüenza los resortes de poder que disponen. La notificación del fallo de una sentencia condenatoria sin conocer sus argumentos, cuando cualquier observador imparcial conoce la ausencia absoluta de pruebas fehacientes de cargo, supone la consolidación por parte de determinados sectores judiciales de una perversión del principio de presunción de inocencia. Implica la presunción de culpabilidad a todo cargo público que no comulgue con su visión política. Oscuros días para la pobre y frágil democracia española.